Sin tabla de drogas: cárceles llenas y consumidores criminalizados

En su segundo día de gobierno, el presidente Daniel Noboa cumplió su promesa de campaña al derogar la tabla de drogas. Desde entonces, ha surgido un debate sobre las implicaciones de esta decisión.

Analistas especializados en seguridad y salud pública argumentan que la decisión de Daniel Noboa de eliminar la tabla de drogas conlleva más riesgos que beneficios en la lucha contra el microtráfico. Entonces, ¿existe algún aspecto positivo sobre la decisión de Daniel Noboa? Aquí los detalles.

Tras la derogatoria, el nuevo ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, que buscarán trabajar con las personas que tienen problemas de drogadicción, "la prevención será una prioridad. Estamos implementando pasar del Estado curativo al preventivo". Para la estrategia se destinarán recursos, dijo, pero no detalló cuánto.

Actualmente, los jóvenes que están sumidos en las drogas no tienen a dónde acudir si buscan una rehabilitación oportuna. Ante esta realidad, expertos cuestionan el orden de las acciones del Gobierno, ya que primero derogó la medida y ahora se busca implementar una estrategia.

Alexandra Zumarraga, abogada y ex directora de Rehabilitación social, lo compara con ponerse los zapatos antes que las medias, sugiriendo una falta de planificación coherente en el abordaje de la problemática. "En la práctica, no se evitará el consumo, un adicto no va a dejar de consumir por la eliminación de la tabla, no, su cuerpo dependen de esta sustancia", lamenta.

La psiquiatra especializada en adicciones y directora de la Clínica de Conducta, Julieta Sagnay, reconoce que la eliminación no evitará que alguien consuma, ya que quienes tienen una adicción harán lo necesario para hacerlo. Sin embargo, es optimista al pensar que esta medida persuadirá a las personas a buscar tratamiento.

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Por eso, es necesario que la derogatoria esté acompañada de estrategias técnicas que incluyan un peritaje para evitar una emergencia sanitaria, señala. Este peritaje implica evaluar, entre otras cosas, si la droga encontrada es para consumo personal o venta, determinar en qué fase de la enfermedad se encuentra (experimental, dependencia o problemática), con el fin de ofrecer un tratamiento en lugar de optar por medidas de encarcelamiento.

Sagnay sugiere que, además, el Ministerio de Salud deberá habilitar áreas de contingencia para la desintoxicación y evitar así una emergencia sanitaria: "Si las personas no están en las calles, el síndrome de abstinencia se manifestará en sus hogares, o los encerrarán en centros clandestinos donde no se administra la medicina adecuada".

​​​​​​Daniel Noboa, al tomar la decisión de derogar la tabla, afirmó que esta "fomentaba el microtráfico y era un elemento nocivo para la sociedad ecuatoriana". Sin embargo, varios expertos en seguridad opinan que la eliminación de la tabla no aliviará la inseguridad ni reducirá el delito de microtráfico.

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Según Katherine Herrera, analista en la materia, la razón principal es que se trata de un problema de salud pública, no una cuestión de seguridad ciudadana.

Bajo su análisis, la eliminación no afectará a estos grupos de delincuencia organizada, ya que "el microtráfico forma parte de una estructura criminal en el crimen organizado". En otras palabras, siguen un modus operandi en el cual utilizan a niños y jóvenes, recompensándolos con drogas para crear una dependencia que los vuelva más vulnerables a cometer delitos. Insiste en que lo necesario son políticas sociales contundentes.

Otro tema relevante tras la derogatoria es la situación carcelaria. Según el Censo Penitenciario, los delitos vinculados a drogas encabezan las causas de prisión en Ecuador. De los 21 086 presos encuestados, que contaban con una sentencia ejecutoriada, 7 347 cumplen condena por tráfico ilícito de sustancias.

Este delito también es el principal entre las mujeres, ya que de las 1 973 privadas de libertad, el 72% cumple condena por el expendio ilícito de estupefacientes.

En ese sentido, la ex directora de Rehabilitación social dice que los casos de prisión preventiva aumentarán, "lo que va a pasar es que se van a llenar las cárceles, mientras que el traficante mayor que sí va a tener para pagarle al juez saldrá libre", dice.

Ingresar a la cárcel actualmente en Ecuador tomando en cuenta el nulo control del Estado, para Herrera es una criminalización a los consumidores detenidos que tendrán dos opciones: "pagar para ser protegidos o unirse a alguno de estos grupos, ingresando así a una especie de escuela de crimen", lamenta Herrera.

Zumarraga evoca la trágica historia de Leonardo González, un cantante de hip hop de 31 años y esposo, quien fue una de las 119 víctimas de la masacre ocurrida el 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral.

A pesar de haber cumplido su condena de 8 meses por posesión de 18 gramos de marihuana y 1.4 gramos de cocaína, Leonardo debió ser liberado en junio de 2021. Sin embargo, permaneció detenido cuatro meses más y, fue asesinado.

Así tras la eliminación de la tabla, un consumidor detenido con cualquier cantidad de droga podría ser sancionado con penas que oscilan entre uno y 13 años.

Lo que según juristas podría desencadenar una medida de inconstitucionalidad, ya que el artículo 374 establece que las adicciones son un problema de salud pública que debe ser atendido, y prohíbe la sanción penal para quienes las padecen.

En este contexto, los especialistas argumentan que la tabla requería una reforma en lugar de ser eliminada. Para Sagnay, el error fue comunicar que existían dosis personales, cuando en realidad se trataba de una tabla de referencia utilizada por policías, jueces y fiscales para distinguir entre un consumidor y un traficante.

Zumarraga, por su parte, destaca que se estableció una tabla de umbrales sin el respaldo necesario del Estado. En sus palabras, "se debía crear la tabla, pero de la mano de políticas sociales, de salud, y de programas de rehabilitación y prevención de drogas".

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Así la eliminación de la tabla plantea dos riesgos significativos: en primer lugar, reconoció Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, en una entrevista, la posibilidad de criminalizar a personas enfermas y adictas con problemas de salud pública, y, dos, la potencial impunidad para aquellos involucrados en el tráfico de drogas.