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Eliminación de la tabla de drogas no detendrá el microtráfico ni el consumo, advierten especialistas
El presidente Daniel Noboa ordenó eliminar la tabla de consumo de drogas, pero ¿cuáles serán las implicaciones? Esto opinan los expertos.
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Imagen referencial sobre el consumo y venta de drogas. ( )
Una promesa de campaña se hizo realidad el pasado viernes 24 de noviembre, cuando el presidente Daniel Noboa ordenó a través de un decreto ejecutivo la eliminación de la denominada "tabla de drogas".
La problemática asociada al consumo de drogas y al microtráfico ha sido atribuida a esta tabla, la cual fue creada durante el gobierno de Rafael Correa en 2013 con el propósito de distinguir entre consumidores y traficantes de drogas.
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Una década después fue eliminada, pero el mandatario, además, encargó al Ministerio del Interior y al de Salud Pública, el desarrollo de programas de prevención y control del consumo de sustancias; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores.
Pero, ¿qué viene después de la eliminación de esta medida y cuáles serán las implicaciones? Expertos en la materia exponen posturas a favor y en contra de la decisión de Noboa, sin embargo, identifican que las problemáticas de fondo no se resolverán. Aquí los detalles.
La eliminación de la tabla ¿reducirá el consumo y el microtráfico?
La eliminación de la tabla de drogas, ahora concretada, ha sido un objetivo perseguido en diversas ocasiones en el pasado en Ecuador. De hecho, fue también una promesa de campaña del expresidente Guillermo Lasso, pero a pesar de algunos intentos, nunca se llevó a cabo.
Las voces que respaldaban la eliminación argumentaban que este mecanismo había contribuido al aumento de la inseguridad, el microtráfico, el consumo en adolescentes y la formación de pandillas en el país. Por otro lado, las posturas en contra señalan que la eliminación, como parte de una estrategia para imponer sanciones más severas contra las drogas, en realidad hace que el mercado de drogas sea más lucrativo.
La tabla establecía diferentes categorías, que iban desde sustancias de uso permitido con fines médicos, hasta aquellas completamente prohibidas:
Ahora, con la resolución del presidente se abren nuevas preguntas. Sobre todo, ¿cuáles serán las implicaciones?
La psiquiatra especialista en adicciones y directora de la Clínica de Conducta, Julieta Sagnay, reconoce que la eliminación no va a evitar que alguien consuma, pero sí lo va a persuadir a buscar un tratamiento.
Por ello, dice, debe ir acompañada de estrategias técnicas, que incluyan un peritaje. Este peritaje implica evaluar, entre otras cosas, si la droga encontrada es para consumo personal o venta, determinar en qué fase de la enfermedad se encuentra (experimental, dependencia o problemática), con el fin de ofrecer un tratamiento en lugar de optar por medidas de encarcelamiento.
Así la resolución de Noboa deberá estar acompañada de tribunales especializados en drogas, infraestructura con médicos y técnicos que puedan dar un tratamiento coercitivo. Al igual que políticas de prevención con base científica, "no una simple charla", cuestiona.
"Es imposible eliminar esto sin estrategias, en Colombia se derogó pero con reformas y estrategias de prevención, no se puede hacer esto sin darle el instrumento al juez para que pueda sentenciar al verdadero narcotraficante", dice Sagnay.
Desde otra perspectiva, Jean Paul Pinto, analista en temas de seguridad, opina que las implicaciones de la eliminación de la tabla serán negativas.
Él sostiene que las medidas detalladas por Sagnay deberían haberse tomado previamente a la derogatoria de la tabla, incluyendo aspectos como centros de rehabilitación, inversión en salud y prevención. Pinto critica la secuencia de acciones, afirmando que "estamos haciendo todo al revés; se deroga la tabla y recién se está pensando en lo que se va a implementar".
Según el analista, la tabla necesitaba ajustes para identificar de manera más efectiva a los vendedores, pero no su eliminación: "Es iluso pensar que sin tabla el consumo va a bajar, los microtraficantes van a seguir vendiendo, la tabla únicamente era un tema de no criminalizar aquellos que tenía una enfermedad".
"Hay consecuencias graves, por un lado, el aumento del hacinamiento en las cárceles y por el otro, el incremento de la violencia, si hay mucho más control aumenta el riesgo y el costo, lo que implica más disputa de territorio", lamenta Pinto.
En la misma línea, Katherine Herrera, analista en seguridad, enfatiza que la derogación no resolverá los dos problemas fundamentales: "En primer lugar, el consumo y, en segundo lugar, tampoco reducirá el microtráfico, considerado uno de los delitos del crimen organizado".
Según los datos que cita, cerca del 75% de las personas privadas de libertad no tienen una sentencia, lo que, según su perspectiva, la derogatoria empeorará la situación. "Al ser enviados a la cárcel, tendrán dos opciones: pagar para ser protegidos o unirse a alguno de estos grupos, ingresando así a una especie de 'escuela de crimen'".
Herrera sostiene que el problema es de índole de salud pública y no una cuestión de seguridad ciudadana. Por lo tanto, la eliminación no impactará en estos grupos de delincuencia organizada, dice, que utilizan a niños y jóvenes, remunerándolos con drogas, con el fin de crear una dependencia que los vuelva más vulnerables a cometer delitos.
¿Será necesario una nueva tabla de drogas?
La tabla era una herramienta usada por policías, jueces y fiscales para diferenciar a un consumidor de un traficante. Al no existir más, Sagnay asegura que será necesario establecer una nueva tabla, aunque sugiere que no debería ser pública, sino desarrollada de manera prudente y científica. Según ella, su difusión fue un error ya que se redujo la percepción del riesgo, "los jóvenes creyeron que era permitido drogarse".
En este nuevo contexto, los jueces deberán revisar las escalas de cantidad, "si alguien tiene 30 fundas, ya no es compatible con el consumo personal, es microtráfico", señala.
Para Pinto no sería acertado desconocer el umbral permitido, "no sabremos si el juez actúa de manera imparcial (...) la no transparencia se prestaría, inclusive, a corrupción".
Tras la eliminación de la tabla, un consumidor detenido con cualquier cantidad de droga podría ser sancionado con penas que oscilan entre uno y 13 años. Al respecto, Washington Andrade, abogado penalista consultado por Televistazo, indicó que se abren posibles vacíos legales y será necesaria una reforma al Código Penal. Pinto añade que "no será tan fácil como simplemente romper el documento y decir que ya no existe".
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Incluso podría surgir una medida de inconstitucionalidad, ya que el artículo 374 establece que las adicciones son un problema de salud pública que debe ser atendido, y prohíbe la sanción penal para quienes las padecen.
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