Ecuador es el país de Latinoamérica con más atenciones a consumidores de drogas

Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de atenciones a pacientes con problemas de consumo de drogas. Así lo detalla un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Según el documento, en 2022, 110 970 pacientes recibieron tratamiento por registrar problemas con el consumo de estupefacientes.

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Entre las drogas más utilizadas constan la marihuana, la heroína y la cocaína. Pero estas no son las más peligrosas, pues las metanfetaminas y el fentanilo son más dañinas y adictivas.

Mientras, en lo que va de 2023, el número de atenciones son 50 000, en su mayoría por opioides. Son los datos más actuales que se conocen sobre el problema del consumo de drogas en Ecuador, porque desde hace 6 años los gobiernos no han dedicado esfuerzos para entender cómo avanzó este fenómeno.

Desde el 2014 hasta el 2017 se realizaron ocho estudios al respecto, según el informe de evaluación sobre políticas de drogas hecho a Ecuador y publicado en 2019, por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA que recoge las estadísticas.

De esta manera se conoció que el país ocupa el tercer lugar en Sudamérica en prevalencia de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y que la edad promedio para el inicio fue de 14 años de edad, en el 2016.

Los estudios también evidencian que en Ecuador no existe una política integral para enfrentar este problema de salud. Tampoco hay un órgano rector, desde el 2018, cuando el presidente Lenín Moreno eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, que a su vez reemplazó al extinto Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes Sicotrópicas (Consep).

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Expertos consideran que no existe una mirada de derechos humanos hacia los consumidores, pese a que en el artículo 364 de la Constitución se define a las adicciones como un problema de salud pública.

Además, señala que al Estado le corresponderá la prevención y el control del consumo, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación por lo que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán los derechos constitucionales de quienes padecen este mal.