Azuay: la violencia en Ponce Enríquez devela las estrategias de seguridad fallidas

Las tres masacres e incidentes armados en Ponce Enríquez desnudan la estrategia militar y policial fallida para contener la violencia criminal en ese cantón de Azuay. El pasado 22 de mayo, el presidente Daniel Noboa Azín, con apoyo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), declaró estado de excepción y ordenó la movilización de tropas para enfrentar al grupo criminal Los Lobos que controla la minería ilegal en forma violenta.

El 17 de junio, patrullas del Ejército se enfrentaron a tiros con integrantes de esta organización, en el sector de Bella Rica. Dos implicados fueron detenidos y se incautaron armas, municiones y explosivos.

Diez días después, se encontró una fosa con ocho cadáveres decapitados e incinerados. Este martes, se hallaron otros cinco cuerpos en similares condiciones.

Esto demuestra que la estrategia del bloque de seguridad y el plan de intervención no es suficiente. La zona de Ponce Enríquez está bajo jurisdicción de la brigada número 1 El Oro del Ejército, acantonada en Machala, en donde se planifican las operaciones en este cantón de 25 mil habitantes.

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En el sector de Las Minas, de aproximadamente 18 mil hectáreas, se realizan operativos móviles con patrullas de 20 soldados. No existe presencia permanente por ausencia de recintos militares cercanos, lo que obliga a los uniformados a retornar a los cuarteles de Machala o de la Tercera División del Ejército Tarqui, en Cuenca.

Según fuentes del Bloque de Seguridad, también existe falta de coordinación con la Policía y la Agencia de Regulación de Control Minero para intervenir de manera conjunta en las 170 minas ilegales detectadas por la Cámara Nacional de Minería.

En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas existe un plan de intervención similar al que se hizo en 2019 en Buenos Aires (Imbabura), pero no se ha logrado ejecutar por problemas logísticos.

En Ponce Enríquez, en abril pasado, asesinaron al alcalde, José Sánchez, y esto alarmó a las autoridades. El hecho cierto es que el estado de excepción y el toque de queda no logran para la violencia en este cantón azuayo.

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