Una nueva masacre en Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, deja cinco fallecidos

Una nueva masacre ocurrió la mañana de este martes 13 de agosto en el cantón Camilo Ponce Enríquez, el más violento de la provincia de Azuay, dejando cinco fallecidos y tres heridos. La Policía Nacional señaló que este nuevo hecho violento obedece a una disputa entre grupos armados organizados.

La masacre sucedió en la mina Las Lomas, del sector Tama. La zona es de difícil acceso. Se ubica a una hora de la cabecera cantonal.

Las Fuerzas Armadas ratificaron el mismo número de víctimas informado por la Policía. Según los militares, la balacera empezó a las 07:00 de este martes y se prolongó por casi una hora. En el sitio, además de encontrar armas de fuego y municiones, también constataron que algunas estructuras fueron quemadas.

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La Policía reiteró que en coordinación con el llamado Bloque de Búsqueda, una instancia creada por el Gobierno Nacional y constituida por policías y militares para combatir a la delincuencia, se realizarán las "investigaciones para esclarecer las causas y capturar a los responsables de este hecho".

Esta es la sexta masacre que ocurre en el cantón azuayo en lo que va de 2024. En varias ocasiones se ha reportado el hallazgo de cuerpos incinerados y decapitados en las minas.

Así ocurrió el 24 de junio, cuando moradores alertaron sobre el abandono de dos cadáveres en La Independencia. Tres días después, se confirmó que ocho cuerpos fueron incinerados en la mina Estrella de Oro.

El 3 de julio, en cambio, fueron hallados cinco cuerpos desmembrados tras rescatarse a 49 mineros secuestrados. Y el 5 de julio fueron encontrados otros tres cadáveres en el sector La Toronja.

Desde el jueves 8 de agosto Camilo Ponce Enríquez es una de las 20 jurisdicciones donde rige un toque de queda, entre las 22:00 y las 05:00.

Según información policial y militar, la extracción de oro en este cantón es disputada entre integrantes de Los Lobos y de su facción, Los Lobos Box.

La Cámara Nacional de la Minería indica que en este cantón, de unos 25 000 habitantes, existen al menos 250 minas de las cuales solo 80 son legales.

De esas, 50 son extorsionadas. Los administradores o propietarios son obligandos a pagar entre 100 y 20 000 dólares mensuales, o a entregar el 30 % de su producción para continuar operando.

La actividad minera despuntó en las montañas de Ponce Enríquez, en los sectores de San Gerardo, la López, Bella Rica, Rosa de Oro, Pijilí y Santa Marta, en la década de los 90.

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Sin embargo, de acuerdo a las Fuerzas Armadas, grupos armados empezaron a incursionar en 2021 y para finales de 2022 se adueñaron de los negocios mediante intimidación, extorsión, secuestros, torturas y asesinatos contra mineros y comerciantes.

Tanto ha calado la violencia que, desde inicios de este año, la oficina técnica del Ministerio del Ambiente, encargada de los controles en la zona, señaló en un comunicado que suspendió sus operaciones en la localidad por temor a represalias.

*Actualizado a las 16:00 con información de la Policía Nacional.