Asamblea no reconocerá resoluciones de funcionarios destituidos por ser ilegítimos

A través de un comunicado publicado este sábado 3 de diciembre del 2022, la Asamblea Nacional reiteró que no permitirá la injerencia de ninguna Función del Estado y se actuará de conformidad con la Constitución y la Ley.

Lo hizo horas después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designara a Roberto Romero von Buchwald como el nuevo Superintendente de Bancos.

La madrugada hoy los cuatro consejeros de mayoría y que sí fueron censurados y destituidos por el juicio político y, a la vez, restituidos por dicha medida cautelar, designaron a Romero, de una terna que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 5 de agosto. Eso ser dio sin la presencia de los tres vocales de minoría Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, quienes no fueron enjuiciados en el Órgano Legislativo -

El comunicado de la Asamblea fue suscrito por Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento junto a los legisladores Darwin Pereira, Marcela Olguín, Mauricio Zambrano, Esteban Torres, Amanda Ortiz, Augusto Guamán, Marlon Cadena y Mauricio Zambrano.

Reiteraron que los actos de poder público contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica, como lo prevé el artículo 424 de la Constitución. Por lo tanto, no es factible acatarlos cuando entrañan graves violaciones a la norma suprema de la República, como es el caso de aquellos que atentan contra la asignación de competencias exclusivas de cada función del Estado.

A su criterio, aceptar la validez de lo dictado por el juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien aceptó la acción de protección ciudadana y suspendió los efectos del juicio político en el que se censuró y destituyó a cuatro consejeros del Cpccs, no solo es violar la Constitución, sino también la independencia de una de las funciones del Estado como la Legislativa.

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"Con ese peregrino y cobarde criterio de los asambleístas estaríamos demás, pues serán entonces los jueces quienes legislen y realicen el control político, atribuciones que son lejanas a su naturaleza jurídica y a la democracia en sí misma", indicó el comunicado.

Consideran que un juez no deben dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden, tratando de cumplir con las funciones de legislar y fiscalizar atribuibles únicamente a la Legislatura.

Con base en el artículo número 126 de la Constitución, a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la entidad señala que está facultada para tramitar juicio políticos recientemente instaurados. En ese sentido, "hemos cumplido en emanar los actos de poder público acorde a la Constitución y el cumplimiento de lo resuelto debe ser sancionado".

Los servidores destituidos, haciendo referencia a los consejeros del Cpccs, que desconocen una orden de autoridad legítima deben ser denunciados por tal delito, al igual que el juez auspiciado por el Consejo de la Judicatura. En ese sentido, las máximas autoridades del país, incluida la Fiscalía, deben adoptar las acciones para garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado, de tal manera, se pueda asegurar la democracia en el país.

"La Asamblea no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y servidores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos", señaló la entidad.

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