23 nov 2022 , 17:39

Consejo de Participación Ciudadana: ¿quién tiene el poder?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó con los cuatro funcionarios que fueron cesados, ratificó su integración y a Hernán Ulloa como su presidente.

   

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nuevamente es noticia por pugnas de poder en su interior. Este 23 de noviembre de 2022, los cuatro consejeros que fueron cesados por la Asamblea sesionaron en la oficina matriz de Quito y resolvieron ratificar la integración del organismo, así como la presidencia de Hernán Ulloa.

Esa sesión se da luego de que un juez de la Concordia dejó sin efecto la destitución, definida por 85 legisladores en el marco de un juicio político en la Asamblea.

Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo se reunieron en la sala principal y aprovecharon sus intervenciones para criticar al Parlamento.

Según los funcionarios, se cometieron ilegalidades durante el proceso de enjuiciamiento político. Sostienen que hay intereses de diferentes partidos en tomar el control del organismo a cargo de nombrar a las autoridades de control.

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Además, advirtieron a los asambleístas que si intentaban posesionar a los nuevos consejeros cometerían una ilegalidad y desacatarían una orden judicial.

También tomaron otras decisiones, entre ellas iniciar la etapa de impugnación ciudadana a los nombres de la terna para elegir al nuevo Superintendente de Bancos y devolvieron la terna que el presidente de la Corte Nacional de justicia, Iván Saquicela, envió para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

La Asamblea insiste en posesionar a los nuevos consejeros del Cpccs

Un grupo de parlamentarios junto a Virgilio Saquicela, presidente del Órgano Legislativo, pidió que se respete la institucionalidad y la Constitución de la República, haciendo alusión a la independencia de poderes.

Mañana, jueves 24 de noviembre del 2022, a las 16:30, serán posesionados los nuevos vocales. Lo harán con otros legisladores y jefes de bloque, cuyo objetivo es que se respete la institucionalidad de la Legislatura.

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