Pugna en el Cpccs: Hernán Ulloa dice que los consejeros suplentes no podrán actuar aunque la Asamblea los posesione

La pugna por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) suma este jueves un nuevo capítulo cuando la Asamblea Nacional, que destituyó a cuatro vocales, se apresta a posesionar esta tarde a sus reemplazantes, pero "los suplentes no podrán actuar como titulares", advierte Hernán Ulloa, tras la orden de un juez de suspender la decisión del Legislativo.

En entrevista con Ecuavisa, Ulloa se refirió a la decisión de un juez del cantón La Concordía que observó que “se han inobservado e irrespetado” los derechos constitucionales de él y de sus colegas destituidos por la Asamblea: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

Juez suspende la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

"No tenemos pugna con los compañeros consejeros suplentes", empezó por aclarar Ulloa en el programa Contacto Directo.

"La punga es con la Asamblea por destituir a los consejeros sin tener un informe, sin garantizar el debido proceso".

¿Puede un juez intervenir?

Ante esta consulta, Ulloa defendió que "todos los jueces del país tienen los mismos rangos para actuar y frenar el abuso de poder y garantizar los derechos constitucionales que están siendo vulnerados".

Saquicela rechaza el intento de injerencia de la Función Judicial en el Legislativo

Insistió en que cuando se trata de un enjuiciamiento, ya sea penal o político, tiene que garantizarse el debido proceso. Y eso no se cumplió en la Asamblea, sostiene.

"El secretario responde en oficio que la Comisión de Fiscalización no pudo aprobar dentro del plazo correspondiente un informe que recomiende un juicio político", recordó Ulloa.

El error de este proceso de control político, según el restituido presidente del Consejo, "radica en que no hubo informe de la Comisión" sobre el cuál ellos pudieran preparar una defensa.

Cuando los miembros de la Comisión no se ponen de acuerdo, lo que corresponde es remitir las posturas de sus integrantes para que sean consideradas en el pleno, pero eso tampoco hubo, según la Secretaría de la Asamblea.

Ulloa sostoene que en ese caso "correspondía el archivo" del proceso.

"Pero en lugar de eso, se nos está enjuiciando solo con una moción de la asambleísta (Mireya) Pazmiño, no con un informe de la Comisión de Fiscalización o con base en las posturas de sus integrantes, como corresponde cuando no se llega a un acuerdo".

Y ya no existe forma de subsanar el juicio político, afirmó, "porque el pleno no puede resolver sobre lo que no se ha hecho, que es el informe previo de la Comisión. Si no hay informe, tenían que mandar el caso al archivo", insistió.

Para Ulloa, lo importante "es ponerle un freno al abuso de poder político para desestabilizar la institucionalidad del país".

Y aseguró que aún cuando la Asamblea posesione a nuevas autoridades, "ellos ocuparán los puestos de suplentes, pues los titulares están en funciones", según la resolución judicial.

Para Ulloa, sería descabellado que la Asamblea continúe con la posesión y pretenda principalizar a los suplentes por la fuerza, pues recordó que la resolución judicial que concedió las medidas cautelares también ordena abstencerse de realizar cualquier otra acción que vulnere los derechos protegidos.

Consejo de Participación Ciudadana: ¿quién tiene el poder?

Ulloa negó que el Ejecutivo los respalde, y una muestra de ello, acotó, es que en la consulta popular se plantea eliminar la atribución del Cpccs de designar autoridades de control y cambiar la manera en que se eligen los consejeros.

Finalmente insistió en que la alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, que sumó los 85 votos para destituirlos, "tiene la intención de meterle la mano a la designación de autoridades".

Y en ese contexto explicó que durante su administración ya están posesionadas a las comisiones ciudadanas para designar al Contralor, al Defensor Público y a nuevos vocales del Consejo de la Judicatura".

A través de estos últimos, según Ulloa, la nueva alianza política "busca meterle la mano a la justicia, otra vez".