¿Cómo es la situación en Cuenca tras dos años de la consulta antiminera?

Hace dos años, el 7 de febrero del 2021, los cuencanos decidieron la prohibición minera en cinco zonas de recarga hídrica. Sin embargo, a esta pregunta de la consulta popular le fueron impuestas condiciones por la Corte Constitucional.

Patricio Vargas, vicepresidente de la Cámara de Minería, señala que una de ellas fue que el resultado no podía tener un efecto retroactivo, es decir, que ninguna de las concesiones mineras existentes podían ser afectadas.

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Otro detalles es que la consulta prohibía la minería a gran escala, pero no se refirió a la actividad de mediana y pequeña escala, ni tampoco a la minería artesanal.

Según el alcalde de Cuenca, Christian Zamora, si alguien se quiere aprovechar de los vacíos legales se resolvería fácil esta problemática con una nueva consulta popular.

Ecuador tiene demandas internacionales por los múltiples impedimentos para el desarrollo de concesiones otorgadas con anterioridad.

Un ejemplo de esto es el caso del proyecto Río Blanco. La empresa Junefield demandó al país por más de 480 millones de dólares, aseguró Vargas.

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Los grupos antimineros señalan que no hay precio que compense el acceso a un agua pura. Sí reconocen que las consultas populares no han cerrado la posibilidad de una explotación, aunque las distinguen como un amortiguamiento al ímpetu minero y una extensión de su cotidianeidad.

Sin embargo, la evidencia señala que en los lugares donde las empresas mineras realizaron trabajos de exploración, detectaron la existencia de minerales y lograron concesiones, trabajan mineros ilegales.