Más de 30 000 municiones se han decomisado en cárceles de Ecuador durante el estado de excepción

A través del Decreto N° 878, el presidente Guillermo Lasso extendió, el pasado 21 de septiembre, el estado de excepción en las cárceles a nivel nacional a un mes. En el documento se expone que en operativos entre el 25 y 28 de julio y el 3 y 4 de agosto, hasta ese momento, se decomisaron 33 000 municiones de los centros de privación de libertad.

Bajo la medida, se han realizado operativos en nueve cárceles, donde también se encontraron 90 armas, 10 556 dólares, dinamita y explosivos, como granadas.

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Aunque la crisis carcelaria en Ecuador se ha convertido en parte del paisaje, no deja de sorprender la cantidad de armamento al que privados de libertad tienen acceso, pese a estar tras las rejas. Pero, ¿cuánto supone esta cantidad y qué dice sobre el tráfico de armas en el país? Aquí los detalles.

El decreto no especifica el calibre de las municiones decomisadas; estas podrían incluir diversos tipos utilizados en pistolas, revólveres, ametralladoras, fusiles, entre otros.

Sin embargo, Georgi Loor, excomando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y quien ha participado en distintos operativos en la Penitenciaría del Litoral, dice que la mayoría de armas incautadas en las cárceles es de uso militar, armamento de guerra, es decir, fusiles: "Es una munición de alto calibre que puede perforar chalecos de protección balística, viajan más allá de un kilómetro". Un fusil puede llegar a albergar hasta 100 municiones, detalla Loor.

Sobre la cifra incautada durante los operativos, Loor expone que se trata de una "cantidad exorbitante", y agrega que aquello "da alarma que hay un abastecimiento macro, si hay esa cantidad dentro de un lugar donde existe 'algo de restricción', en las calles habrá 70 veces más".

Por su parte, Daniel Pontón, experto en seguridad, agrega que seguramente se trata de una cifra que sería un subregistro:

Pero, ¿de dónde llegan las armas? Según el excomandante del GIR, la ​​​mayoría llega desde Perú y son fabricadas por el mismo Ejército, "la munición que más se va a encontrar es la peruana y es de FAME, la fábrica de municiones del Ejército que van a parar a grupos irregulares". No obstante, una considerable cantidad también llega desde Estados Unidos.

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Pontón cuestiona que, aunque se presta más atención al decomiso de drogas, el tráfico de armas sigue siendo una problemática grave en el país, directamente vinculada al crimen organizado: "No existe una conciencia del Estado de la entrada de armas al Ecuador que es impresionante, lo que demuestra el problema de la criminalidad".

El experto Loor destaca que las municiones de fusil tienen el potencial de anular unidades policiales y militares en cuestión de minutos. Para ilustrar esto, ofrece un par de ejemplos.

En un primer escenario, describe el experto, si hay 20 prisioneros armados, cada uno con un fusil, atacando directamente a un grupo de 50 hombres entre militares y policías. Según Loor, "en 15 a 20 minutos podrían aniquilar a toda la unidad".

El segundo escenario es más familiar debido a las masacres carcelarias que se han registrado. En la Penitenciaría, por ejemplo, se pueden mantener disparos indirectos durante un periodo de cuatro a ocho horas, cuenta. Esto significa que los reclusos pueden mantener el fuego intercambiado con las fuerzas de seguridad durante horas porque cuentan con una considerable cantidad de munición.

¿Cuánto cuestan en el mercado negro? De acuerdo a una fuente policial, estos son los precios dentro de las cárceles:

"Van y dejan sacos (...) Y los ingresan en la madruga, claro, con complicidad de quienes laboran ahí", cuenta una fuente de las filas policiales.

Tan solo el pasado 4 de agosto, la Fiscalía informó que durante una inspección en la Penitenciaría, los uniformados de las Fuerzas Armadas descubrieron fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y drogas en el techo de las oficinas donde trabajan los funcionarios del SNAI que fueron aprehendidos.

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Las armas y municiones decomisadas son incorporadas como evidencia y entran en la cadena de custodia. En primer lugar, la unidad de Criminalística documenta esta evidencia antes de su traslado a las bodegas de la Policía Nacional.

Posteriormente, mediante una orden judicial, son entregadas a las Fuerzas Armadas y, finalmente, la autoridad competente en el caso otorgará la autorización para su destrucción. No obstante, este proceso puede llevar más tiempo, incluso, que la destrucción de drogas, ya que las investigaciones deben determinar si las armas estuvieron o no implicadas en asesinatos.