¿En qué consisten los mecanismos con los que EE.UU. podría sancionar a Rafael Correa?

Por estar involucrado en casos de corrupción significativa y un historial "comprobado" de violación de Derechos Humanos, siete senadores estadounidenses dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar que sancione al expresidente, Rafael Correa.

En concreto, los senadores solicitan que se utilice los mecanismos disponibles de la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

De hecho, exponen una serie de eventos, desde la condena de ocho años de prisión contra Correa por el caso de corrupción "Sobornos, 2012-2016", hasta la sanción y censura a medios y periodistas independientes durante su gobierno.

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Ahora bien, ¿en qué consisten exactamente estas sanciones y cuál es su alcance? Además, ¿qué otros presidentes en América Latina han experimentado castigos? Aquí los detalles.

El primer mecanismo citado, la Proclamación Presidencial 7750, emitido en 2004, tiene el objetivo de combatir la corrupción a nivel global. Este permite negar la entrada a Estados Unidos a personas vinculadas en caso de corrupción, entre esos, por la aceptación u ofrecimiento de sobornos, la apropiación ilegal de fondos públicos, y la interferencia en procesos públicos.

La familia inmediata también podría ser sancionada. Otro factor característico de este mecanismo es que no son informadas al público.

Además, el mismo también permite la sanción de individuos particulares cuando estos son partícipes en el ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos.

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Esto lo distingue de las sanciones permitidas en virtud de la Sección 7031 (c), de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que aplica únicamente para funcionarios gubernamentales que han tenido participación directa o indirecta en actos de corrupción severa y violaciones graves de Derechos Humanos.

Este instrumento a la vez sanciona a la familia inmediata, por lo tanto, también son sujetos a restricciones de visa. Sin embargo, la sanción puede ser pública o privada, la decisión la toma el Departamento de Estado.

De las sanciones impuestas bajo la Sección 7031 (c), según Human Rights First, 273 están relacionadas con casos de corrupción, 169 por violaciones a los derechos humanos y siete por ambas razones.

Desde 2018 hasta lo que va de 2023, Estados Unidos ha aplicado sanciones a un total de 449 funcionarios y sus familiares utilizando este mecanismo, de acuerdo a los datos publicados por Human Rights First.

En América Latina, los países con el mayor número de mandatarios y familiares sancionados son Guatemala (33), entre ellos, consta el secretario privado de presidencia, Gustavo Adolfo Alejos sancionado en 2020 por "graves casos de corrupción". En la lista le sigue Paraguay (27), El Salvador (26) y Nicaragua (14).

El pasado 9 de marzo 2022, Estados Unidos prohibió al expresidente Abdalá Bucaram el ingreso a territorio estadounidense. La medida también aplicó para sus familiares mediatos, entre ellos, su esposa María Rosa Pulley Vergara y sus hijos Jacobo, Jaime y Michel.

De hecho, el caso de Bucaram es el primer caso en Ecuador que Estados Unidos hizo pública la resolución, bajo este mecanismo.

El listado incluye a expresidentes como Raúl Castro de Cuba, sancionado en 2019 por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos, y a Arnoldo Alemán de Nicaragua, sancionado en 2020 por corrupción durante su mandato entre 1997 y 2002. En julio de 2021, el Departamento de Estado anunció la designación del expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, también por actos de corrupción.