Manabí en cifras: 466 muertes violentas en lo que va del año; el 90% de los crímenes de todo 2022 ya se han cometido

La provincia de Manabí, este fin de semana, volvió a estar en el ojo público, luego de un terrible hecho criminal: el alcalde de Manta, Agustín Antriago fue asesinado en un ataque armado.

Lo cierto es que la violencia en esta provincia ha experimentado un aumento sostenido desde el año anterior. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de julio del 2023, de acuerdo a cifras de la Policía, hay un incremento de 240 homicidios intencionales, es decir, un 106% más, en comparación con el mismo periodo en 2022.

De hecho, durante todo el año anterior, la provincia registró un total de 518 muertes violentas, lo que implica que actualmente ya se ha alcanzado el 90% de ese número: 466. Un promedio de dos muertes por día.

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En respuesta a esta preocupante situación, el Gobierno de Guillermo Lasso aplicó la ya reiterativa fórmula de decretar un nuevo estado de excepción en tres lugares de Ecuador, entre esos, Manabí, lo que supone mayor presencia policial y militar en estas jurisdicciones, pero la medida -al parecer- tampoco dio resultados en esa parte del país.

Cuando se habla del aumento sostenido de la violencia en Manabí, es esencial destacar su ubicación geográfica en el país, que ha sido una razón primordial para que organizaciones narcodelictivas busquen controlar la costa de la provincia. Con más de 300 kilómetros de playas que limitan con Esmeraldas y Santa Elena, la región se ha vuelto un objetivo estratégico para estos grupos, pues​​​​​ les permite conectarse fácilmente con estas regiones.

El puerto de Manta, debido a su cercanía con Esmeraldas, desempeña un papel crucial en la entrada de drogas a Ecuador, por lo que se considera una ruta de entrada y salida.

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En ese sentido, el mismo documento del Decreto 823 expresa que la ciudad de Manta al estar ubicada a 260 kilómetros al suroeste de la capital, "sus costas son señaladas como apetecidas rutas de narcotraficantes para llevar grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa, principalmente".

En este contexto, es relevante resaltar a Manta que, también comprende Montecristi y Jaramijó, ​​​​​fue el segundo distrito con el mayor incremento de muertes violentas. De hecho, del total de homicidios registrados en lo que va del año en la provincia, el 77,1% se concentra en los distritos de Portoviejo, Manta y Pedernales.

No obstante, es importante mencionar que las autoridades ya venían notando un aumento en la violencia desde 2019, como argumenta el Decreto 823:

En cuanto a otros delitos también se ha registrado un aumento. Especialmente el robo de motos, que ha incrementado en un 79%, seguido por el robo a unidades económicas con un 43%, robo a carros con un 40% y robo a personas con un 16%. Estas cifras reflejan una creciente tendencia delictiva en la provincia.

La incidencia de estos eventos también se concentra en los distritos de Manta y Portoviejo con un 61,2% de incidencia.

Expertos en seguridad consultados por Ecuavisa.com han propuesto soluciones para enfrentar la violencia desenfrenada en Manabí. Una de ellas es la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral con sede en Manabí para combatir contundentemente el narcotráfico.

Además, ante la identificación de los puertos como puntos críticos de distribución de drogas, sugieren que deben permanecer militarizados de forma constante.

Por ahora, el Gobierno ha decidido nuevamente hacer uso del estado de excepción, una medida que no es nueva para Manabí (ni para el país). En abril de 2022, ante un brote de violencia en la provincia también fue aplicado. Lo que no impidió que días después un agente de inteligencia naval fuera asesinado en Manta. Según informó la Armada, en su momento, el occiso había logrado obtener "resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico", por lo que se presume que su muerte fue por represalias del crimen organizado.

Y, tan solo ocho días después, en la misma ciudad una fiscal y su acompañante también fueron asesinados.

La tendencia en este año, como se ha expuesto en este reportaje, sigue sin cambios. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, reconocido como "un síntoma alarmante del recrudecimiento de la violencia social" en el mismo Decreto 823, va más allá del quebrantamiento de la ley. Implica, además, como reconocen las autoridades, un atentado contra la estructura del Estado, superando los límites de convivencia social establecidos.