Expertos en seguridad advierten que devolver las cárceles al SNAI sería un error

El secreto a voces de que los reclusos controlaban las prisiones en Ecuador ha sido confirmado en cada intervención de las Fuerzas Armadas. Durante el último mes, los militares han encontrado desde armamentos, alcohol, drogas, túneles, discotecas, villas, y hasta saunas.

​Lo que se suma a la larga lista de irregularidades que ha sacudido a la Secretaría Nacional para la Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI) en los últimos tres años. Incluso bajo la declaratoria de conflicto armado interno, continúan los casos. El pasado 14 de febrero, las Fuerzas Armadas detuvieron a un guía penitenciario que intentaba ingresar dos destornilladores a la cárcel de Sucumbíos.

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En este contexto, expertos en seguridad expresan su preocupación por la posibilidad de retroceder al punto de partida, ya que el próximo 9 de marzo marca el fin del plazo de 60 días para la intervención militar en los centros, aunque el presidente Daniel Noboa podría extenderlo por un mes más. La pregunta es clara: ¿El SNAI debe asumir el control si antes no lo tuvo?

Existen diferentes perspectivas sobre los efectos de la presencia de los militares en los centros, donde hasta el día de hoy, 19 de las 36 están bajo su control. Desde el punto de vista de la ciudadanía, se celebra, mientras que desde la óptica de los Derechos Humanos, se vigila.

Para expertos en seguridad, la intervención era inevitable y durante el tiempo que ha estado vigente, la disminución de la violencia en las calles está directamente relacionada con la intervención en las cárceles. Esto lo explica Daniel Pontón, experto en seguridad y académico de la IAEN, "las cárceles son un espacio extremadamente estratégico para controlar las calles", dice y recuerda que desde allí han salido órdenes para ejecutar sicariatos y demás.

De hecho, llama la atención (por decir lo menos) que el organismo encargado de las cárceles de Ecuador nunca haya informado o denunciado lo que las Fuerzas Armadas han descubierto en las últimas semanas.

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En ese sentido, Pontón señala que aún no se ha llevado a cabo una reforma integral al sistema de rehabilitación social, a excepción de los recurrentes cambios de dirección. El último de ellos tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa designó a Luis Zaldumbide como director general de la institución.

"No está en condiciones actuales de mantener un control que el país necesita, la realidad del SNAI no ha cambiado mucho ni en el presupuesto, ni operativamente", comenta Pontón. Durante el año pasado, la entidad tuvo un presupuesto de 138 millones de dólares.

Para el experto, se requieren reformas legales que impliquen un aumento significativo en los presupuestos, no solo para infraestructura, sino también para operaciones, capacitación, personal, tecnología, seguimiento y control.

En relación a este tema, Ecuavisa solicitó una entrevista con Zaldumbide, pero desde el SNAI comunicaron que no brindarán declaraciones mientras la intervención militar esté en curso.

El exviceministro del Interior, Max Campos, coincide con Pontón en que la presencia de las Fuerzas Armadas debe mantenerse hasta que exista cambios de fondo. De lo contrario, según él, permitir que el SNAI retome el "control" de los penales solo llevaría a un ciclo vicioso en el que eventualmente se requeriría la presencia militar para controlar disturbios.

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Campos plantea dos caminos para el control de las cárceles y no retroceder en el avance. Una vía, dice, sería la desaparición del SNAI y restablecer el Ministerio de Justicia que operó entre 2007 al 2018, de acuerdo a Campos, tal como establece la norma internacional.

Otro es mantener el SNAI, pero realizar una depuración integral a través de pruebas de confianza periódicas y rotación de personal, es decir, polígrafos y otros métodos tecnológicos como el estrés de voz, "para detectar si tienen un factor de riesgo de corrupción".

En la misma línea, Johanna Espín, experta en seguridad, en una entrevista con Contacto Directo enfatizó la necesidad de una reestructuración del SNAI, subrayando que este proceso no se logrará durante el estado de excepción en las cárceles ecuatorianas.

Entre las medidas inmediatas, destacó la capacitación de los guías penitenciarios y sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles dijo que concluir su acompañamiento sería un error: "Debe ser un proceso con un carácter progresivo".