La educación de los niños con autismo aún es un desafío para Ecuador

"Suéltame, suéltame (...) mami, papi, abuelito, auxilio", gritaba entre lágrimas un pequeño de seis años que habría sido agredido por su maestro en una institución educativa de Ibarra, provincia de Imbabura. El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2024, cuando el docente de segundo año de educación básica arrastró al niño por un aula y lo encerró.

El acto generó una denuncia ante la Fiscalía por parte del Ministerio de Educación, por presunto delito de odio e incluso llevó a la clausura temporal de la entidad. No obstante, para garantizar el derecho a la educación del resto de estudiantes, reabrió sus puertas.

El Ministerio de Educación confirmó a Ecuavisa.com que el presunto agresor actualmente no forma parte de la plantilla docente.

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En cambio, el niño que tienen un trastorno del espectro autista (TEA) en grado 1, fue cambiado de escuela, por pedido de los padres. El trámite fue gestionado por el Ministerio de Educación y, previamente, el 14 de marzo se implementaron medidas de protección a favor del pequeño.

No obstante, la abogada de la familia denunció que el niño y sus padres sufrieron actos de revictimización y acoso:

Recordó que la Constitución de la República garantiza el acceso a la educación. No obstante, casos como este evidenciarían la poca preparación que tienen los docentes para manejar discapacidades y el incumplimiento a las Leyes por parte de las instituciones educativas y el mismo Estado.

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A escala global, uno de cada 100 niños tiene autismo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Otras cifras más recientes de la Agencia de Control de enfermedades de EE.UU. lo señalan como un trastorno que afecta a uno de cada 36 niños; pero en Ecuador no se lleva un registro de los casos detectados.

La psicóloga clínica Andrea Vicente sostiene que se trata de un problema estructural, pues según los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, son los pediatras quienes deben detectar y diagnosticar esta discapacidad en los infantes.

No solo que esto no ocurre, sino que en muchos casos, a criterio de la especialista, ni los profesionales de la salud ni los educadores saben bien cómo detectarlo y manejarlo.

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Vicente explica que el trastorno del espectro autista interfiere en la capacidad de asociación de la persona. "Tienen otra forma sensorial, otra forma de sentir el mundo, de aprender", agrega. Sin embargo, no es una discapacidad que limite el desarrollo de niñas y niños.

Paulina Haro reitera que tanto la Constitución, como la Ley de Educación Intercultural, garantizan el derecho a la Educación y disponen que la escuela que educará al menor haga adaptaciones curriculares para este alumno.

Esto, no solo que no se cumple, sino que en el país, el Ministerio de Educación no tiene una regulación para determinar el ingreso a la docencia. "Un título por sí solo no avala que tengas las competencias. Por eso hay tantos casos de violencia física, psicológica e incluso sexual en niñas, niños y adolescentes", agrega Haro.

Para Andrea Vicente, el caso del niño agredido en Ibarra solamente ratifica la falta de preparación de los profesionales en Ecuador. "Es posible que el educador no haya tenido las herramientas para gestionar la crisis", comenta.

Pero esto deviene en un problema mayor: la discriminación. Haro asegura que, a raíz de este caso, padres y madres de familia pedían que el niño vaya a "una escuela especial", cuando lo adecuado es que se desarrolle con sus pares, en el entorno en el que estará toda su vida.

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Si bien el trastorno del espectro autista es considerado una discapacidad, no limita a quienes lo presentan. Sin embargo, señala que hay muchos niños que están fuera del sistema educativo, por miedo de los padres, "porque ya han sido agredidos o porque los docentes en las escuelas no están capacitados".

A ello se suman los altos costos de los servicios que, en algunos casos, requieren las niñas y niños con esta condición. El precio de las terapias particulares va entre los USD 30 y USD 50, por lo que muchos no pueden acceder a ellas, y menos si se requieren diariamente.

Por eso hace un llamado a las instituciones del Estado a "prestar más atención" a las diversidades y hacer cumplir las Leyes. Para la abogada, se trata de una cuestión de salud pública que debe ser atendida de forma urgente.