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El teletrabajo en 43 unidades judiciales del Guayas, Manabí y Esmeraldas afecta la operatividad de la justicia
Los usuarios se quejan por la postergación de audiencias.
En las tres provincias más violentas del país, se imparte justicia a puerta cerrada.
Los funcionarios judiciales de 43 unidades en material penal, de garantías penitenciarías, de violencia contra la mujer y la familia, y de adolescentes infractores; de Guayas, Manabí y Esmeraldas, trabajan actualmente de manera virtual. Pese a que son las dependencias con mayor carga procesal, producto de la ola de violencia.
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Evitar que los servidores vayan a su lugar de trabajo, es la única medida de seguridad que por ahora se ha podido implementar para salvaguardar su integridad, ante los constantes actos intimidatorios y amenazas en su contra. Aunque esto afecte la operatividad.
22 dependencias judiciales trabajan a puerta cerrada desde junio pasado
Christian Quito es juez de la unidad penal de Manta, una de las 22 dependencias judiciales que operan bajo esa modalidad en Manabí, desde junio. Él cuenta que al día puede tener en agenda hasta 10 audiencias, incluso por delitos como asesinato, pero reconoce que a veces le toca suspenderlas.
Para evitar que causas que despiertan interés social por estar vinculadas al accionar del crimen organizado, se dilaten, los magistrados deben ir al despacho; es decir, deben arriesgarse.
En Esmeraldas, 10 unidades judiciales están con teletrabajo desde el 25 de julio. Y en Guayas, la semana pasada se dispuso que 27 de 46 dependencias también cierren sus puertas. 11 están en Guayaquil, seis en Milagro, cinco en Durán, tres en Daule y dos en General Villamil Playas.
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La medida incluye también a las unidades de flagrancia, en las que por ahora se hace solo un turno presencial en el día. Los de la tarde, noche y madrugada son vía telemática.
El teletrabajo es la primera de las medidas provisionales que constan en el protocolo de seguridad para funcionarios, que aún no ha aprueba el Consejo de la Judicatura. El documento acoge, además, medidas definitivas que implican la protección de la familia de los jueces.
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