Dos años de Guillermo Lasso: el declive de la seguridad en Ecuador

La seguridad, uno de los grandes anhelos de los ecuatorianos, durante este periodo de gobierno de Guillermo Lasso, no solo ha sido una aspiración sin cumplir, sino que fue en declive. Ecuador nunca había pasado una situación similar a lo vivido en estos dos últimos años.

Las cifras esbozan el repunte de criminalidad que ha quedado plasmado en hechos perturbadores, como: el uso de coche bombas, sicariatos, secuestros, extorsiones y masacres en las cárceles que también supuso un repunte de la violencia en las calles.

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Bajo este escenario y en un contexto inédito de crisis política, luego de que el Presidente decretó la muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional, cumplirá su segundo año de gestión, este 24 de mayo de 2023. Por eso, es oportuno preguntarse ¿qué ha pasado durante este periodo? Aquí un repaso.

Primero empecemos por el diagnóstico. ¿Qué pasó en los últimos dos años? Recordemos que cuando Guillermo Lasso tomó el poder, su prioridad fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de Gobierno. Lo cumplió, pero no pasó mucho tiempo para que la crisis en las cárceles, vigente desde 2019, se agudizara. Y, de ahí para adelante, nada volvió a ser lo mismo con respecto a seguridad en el país.

En julio de 2021, Lasso enfrenta la primera matanza masiva dentro de un recinto carcelario, pero no sería la última. Meses después, en septiembre, 118 reos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, fue la "peor masacre carcelaria" registrada en la historia de Ecuador.​​​​​

El Gobierno en más de una ocasión declaró estado de excepción en todo el sistema carcelario como medida para paliar la crisis. Asimismo, a mediados de 2021, Lasso anunció que destinaría 75 millones para el sistema de rehabilitación social. Otra acción fue la creación de una Comisión de Pacificación que generaría estrategias para fortalecer el sistema de rehabilitación social.

Pese a todo lo anterior, al día de hoy, los enfrentamientos entre pabellones no han cesado, aunque, aparentemente son menos violentos y según las autoridades el hacinamiento se ha reducido.

La violencia en los centros privados de libertad se trasladó a las calles. El año 2021 cerró con 14,06 puntos en la tasa de homicidios, la más alta desde 2014. Y, en 2022 no fue diferente, la tasa llegó a 25, es decir, desde 2018, se quintuplicó. Según datos oficiales, se trató del año con mayor casos de extorsión en la última década en Ecuador.

Para el analista de seguridad, Fernando Carrión, no solo incrementó la violencia, también se consolidó la diversificación de delitos, en este año, también aumentaron los ataques con explosivos.

¿Las causas? Las autoridades han apuntado a la presencia de bandas narcodelictivas que se disputan las rutas de la droga, es que el país pasó de ser de tránsito a un centro de distribución. Analistas han mencionado que, incluso, la realidad ecuatoriana es similar a una de las épocas más densas del narcotráfico en Colombia.

Aunque el Gobierno ha destacado la incautación de droga durante este período, y de hecho, Ecuador fue el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incautó el año pasado. Sin embargo, para Carrión esta tendencia ha ido cayendo, además, menciona que también se duplicó la producción de cocaína en Perú y en Colombia creció un 25%, lo que supuso que mayor cantidad de droga circule en el país.

Así, la disputa de territorio ha causado más derrames de sangre, de hecho, entre abril y mayo, se han registrado, al menos, cuatro masacres que conmocionaron a la ciudadanía. La primera, en el puerto de Esmeraldas, que dejó nueve muertos, luego otra en Guayaquil, la tercera fue en una sala de velación, en Manta y la última, en Montañita, que dejó seis personas fallecidas, entre ellas, una mujer embarazada. Todas han estado ligadas al narcotráfico.

La fórmula de los estados de excepción también fue usada en este contexto. En total, Lasso ha decretado la medida en 11 ocasiones, de esas, 10 por inseguridad.

Un factor diferenciador entre este y antiguos gobiernos, de acuerdo a Lorena Piedra, especialista en temas de seguridad e inteligencia y docente universitaria, es que "antes no existía un apoyo directo a la Policía y Fuerzas Armadas, tan de frente en relación al problema de seguridad, como ahora". Lo que ha demostrado una confianza de Lasso en la capacidad de estas instituciones.

Pero, no necesariamente sería el camino correcto, "no todas las amenazas se solucionan desde una perspectiva militar", señala, y agrega que debería existir mayor presencia del Estado en otros ámbitos, "trabajar en prevención, desde lo social, mejorando la calidad de vida de las personas".

Un acierto señalan analistas de seguridad fue la división de los ministerios, entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, liderado primero por Patricio Carrillo y, ahora, por Juan Zapata, ministro del Interior.

No obstante, bajo la perspectiva de Carrión en este punto se cometió un error, "se convirtió en el ministerio de la Policía". A ello, Piedra resalta la poca estabilidad en los cargos, "no es una característica exclusiva de este Gobierno de que las autoridades no duran ni un año, lo que es pésimo para cualquier implementación pública".

Además, hay otro elemento que se ha repetido en este periodo en el manejo de la crisis, según la analista, "se ha exacerbado que quienes se encuentran en funciones críticas como seguridad son personas que no tienen la experiencia". El mayor ejemplo de aquello fue Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, nombra.

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Para frenar la inseguridad el Presidente firmó dos decretos. Uno de esos, fue la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil, anunciado el pasado 1 de abril. Carrión piensa que no fue una medida acertada, "en vez de permitir armas en manos de civiles, lo que debió haber hecho es una política de control a las armas ilegales", que en el país, asegura, actualmente serían cerca de 400.000 portadas de manera irregular.

Además, Lasso ejecutó el Decreto 730 que declara al terrorismo como amenaza al Estado. Para Carrión esto marcó un giro de la seguridad ciudadana que pasó del ministerio del Interior y la Policía a las Fuerzas Armadas y al ministerio de Defensa.

Otra movida del Gobierno fue la consulta popular que, en una de las preguntas, planteaba la extradición de criminales vinculados al narcotráfico, pero no contó con el respaldo en las urnas.

En materia de leyes, el Gobierno de Lasso envió la Ley de Seguridad Integral a la Asamblea Nacional en enero de 2022. Un año después, el 5 de enero de 2023, el Legislativo la aprobó en segundo debate.

La propuesta reformó nueve cuerpos legales, la cual busca fortalecer las penas en determinados delitos como: la extorsión, el robo a mano armada, el terrorismo y el reclutamiento de niños. Y, fue publicada oficialmente este 12 de mayo. Pero, no se han conocido mayores detalles de su aplicación.

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La analista Piedra señala que quedaron otros pendientes, como "la Ley de Inteligencia que no llegó a tratarse, la pregunta es ¿a quién no le conviene? que esas leyes no pasen (...) han sido bloqueadas por actores políticos ligados a estas estructuras", cuestiona. ​​​​​​Es que afirma que la penetración de estructuras narcodelictivas en la política es una realidad en el país.

Por el momento, ambos expertos coinciden en que de cara al corto futuro de este Gobierno, es decir, en los próximos seis meses, será clave que Lasso se enfoque en la reactivación económica. Este es el motivo: