La Fiscalía expresa su preocupación por las reformas aprobadas en torno a la extinción de dominio por la Asamblea

La Asamblea Nacional aprobó ayer jueves 8 de febrero la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.

En esta iniciativa se buscaba mejorar la figura de la extinción de dominio, para que sea más efectivo el combate a las economías ilícitas.

Sin embargo, el texto aprobado que la Asamblea aprobó unánimemente provoca preocupación en la Fiscalía General del Estado, que tiene la labor de hacerle frente, en primera instancia a la corrupción y al crimen organizado.

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Manifestaron que la reducción de los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio son una camisa de fuerza que no abona a la efectiva recuperación de capitales ilícitos.

En la Fiscalia consideran que se limita su accionar porque, por la naturaleza de las investigaciones, se requiere de periodos más amplios.

Asímismo, califican de innecesaria la dependencia de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio.

Sin embargo, el Legislativo estableció excepciones a esa regla. Según lo aprobado, se podría proceder a la extinción de dominio sin una condena cuando los bienes ilícitos sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada, cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado, y en delitos flagrantes relacionados con el crimen organizado.

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Resaltó que ante esa regla se dejara por fuera todo lo relacionado con la corrupción. La reforma, que fue percibida en primera instancia como un gran paso hacia adelante en el combate a las economías ilegales, no cambia a grandes rasgos el escenario.

Con esta norma se prevé concretar la recuperación de 170 millones de dólares en un país donde, cálculos distintos, señalan que las estructuras criminales manejan miles de millones.

Pese a las limitaciones, la Fiscalía señala que seguirá haciendo su trabajo.