26 dic 2024 , 13:05

El delito de desaparición forzada podría generar responsabilidad internacional para el Estado

Este es el delito por el que se investiga a 16 militares, por el caso de los cuatro adolescentes de Guayaquil desaparecidos.

   

El delito de desaparición forzada, por el que son investigados los 16 militares involucrados en el caso de los cuatro niños y adolescentes de Guayaquil, se sanciona hasta con 26 años de prisión.

Para que se configure deben existir cinco elementos, según el COIP, en el artículo 84:

  • Que sea un agente del Estado
  • Prive de libertad a una persona
  • Falta de información
  • Negarse a reconocer la privación de libertad
  • Negarse a informar sobre el paradero de la persona
  • David Cordero, experto en derechos humanos, indicó:

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    “Es un delito que parte de presunciones, precisamente por la obligación que tiene el Estado de responder por la persona privada de la libertad, entonces, hasta que no se aclare qué pasó con los chicos, el delito ya se configuró”.

    David Cordero ha litigado en el Sistema Interamericano. Según él, este caso cumple con esos elementos e incluso podría generar responsabilidad internacional para el Estado.

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    “Cuando son agentes estatales, la responsabilidad es directa, es decir, si no existe un resultado de la investigación, inmediatamente el Estado va a ser responsable”.

    En la audiencia de habeas corpus se presentaron más casos de posible desaparición forzada durante la actual militarización, señala el experto. Por eso, advierte que hay que tomar correctivos urgentes antes de que el Estado enfrente acusaciones más graves, como delitos de lesa humanidad.​​​​​

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    “Se tiene que dar un mensaje muy claro de la altísima responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de respetar la ley, la Constitución y los tratados internacionales, y que pueden ser responsables por esto, hay que apoyarles mientras cumplan la ley”.

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    Las declaraciones del Ministro de Defensa y del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, intentando deslindar responsabilidad de los militares o acusando a las víctimas, también puede generar responsabilidades penales o usarse como elementos en contra del Estado en litigios internacionales.

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