Así será la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad que estará ubicada en Santa Elena

La Cárcel del Encuentro, el centro de privación libertad que el goierno de Daniel Noboa prevé inaugurar en abril del 2025, contará con infraestructura y equipamiento de alta complejidad.

Aunque la información relacionada a las características y especificaciones técnicas de la prisión es reservada, se conoce que el régimen busca emular al Centro Federal de Readaptación Social # 13 de Oaxaca, México, que es de mediana seguridad y está equipado con teconología de vanguardia.

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Esa referencia fue escogida pese a que inicialmente el gobierno había dicho que se construirían megacárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que puso Nayib Bukele en El Salvador.

Lo cierto es que el nuevo penal, según consta en papeles, tendrá:

A inicios de junio, el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) lanzó el proceso de contratación por poco más de USD 52 millones.

La única compañía que fue invitada a participar es Puentes y Calzadas Infraestructuras, que forma parte del holding internacional Grupo Puentes.

Es también subsidiaria de la Estatal China Road and Bridge Corporation. Es una vieja contratista del Estado. Ha trabajado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En 2015 formó parte del consorcio NHG, con Sinohydro Corporation, y consiguió la adjudicación de la construcción del Hospital IESS Los Ceibos. En 2016, en cambio, conformó el consorcio NHQ, que se hizo cargo de la edificación y equipamiento del hospital Quito Sur.

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Como Grupo Puentes, contrató también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción del puente sobre el río Chiche en 2014, y con el Ministerio de Educación para edificar dos unidades educativas en Cañar y en Quevedo, en 2022 y 2023.

Además de su experiencia, lo que el SNAI consideró para invitarla fue su capacidad financiera. Pues, para optimizar los recursos del Estado, el Ministerio de Finanzas considera la opción de cancelar más del 80 % del costo de la construcción con bonos del Estado. La compañía deberá recibir un anticipo del 40 % y tendrá 300 días para culminar la obra. La reserva sobre el proceso durará 10 años.

La familia de Jorge Cabrera es una de las doce asentadas dentro del terreno en el que, según anunció el Gobierno, se comenzará a construir esta semana la cárcel de Santa Elena.

"Están perjudicando al predio La Envidia, que se compone de 435 hectáreas, pertenece a la comuna Bajada de Chanduy. Una tierra que la hemos cuidado, desde 1921 mis abuelitos entraron aquí", comentó.

Los Cabrera, quienes lideraron el plantón del viernes pasado, que se realizó al mismo tiempo que Daniel Noboa presidía la ceremonia simbólica de inicio de obra, a kilómetros del terreno real.

Dicen contar con una adjudicación de usufructo de la zona desde 1960, y están complemente seguros de que nadie ha vendido o hipotecado las tierras, ya que, por Ley de las Comunas Ancestrales, que es como ha sido catalogada la comuna Bajada de Chanduy, son propiedad inembargable, indivisible e inalienable.

Sin embargo, el gobierno afirma que parte del bosque le pertenece. De las 435 hectáreas, 300 fueron revertidas al Estado por una hipoteca no pagada al Banco del Azuay.

Luego del quiebre de la entidad, pasaron al banco central y después al Ministerio de Agricultura. Esa cartera, a su vez, le cedió una parte: 37,8 hectáreas al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para la edificación del nuevo penal.

El área de construcción será de 12,2 hectáreas, de acuerdo a lo especificado por el régimen, y con la zona de retiro, se convertirá en un espacio total de 16,8 hectáreas.

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Hasta ahora, al sitio solo han llegado los militares para volar drones y fijar coordenadas, que son las que le permite a los comuneros intuir el área de edificación, aunque apuntan que no saben el lugar exacto.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, por su parte, levantó información y emitió un pronunciamiento con otra observación: el predio está ubicado en un ecosistema primario, que alberga árboles de más de 100 años de existencia.

Agrega que de igual manera, en la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como existencias de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la Costa.

El Ministerio de Ambiente, en representación del gobierno, emitió un comunicado en el que solo aclara que: la zona no traslapa con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tampoco con el patrimonio forestal nacional o con zonas intangibles. Es, hasta ahora, la única respuesta oficial.