Caso Las Malvinas: Juez dictó prisión preventiva contra los 16 militares procesados por desaparición forzada

El juez Dennis Ugalde dictó prisión preventiva a los 16 militares que participaron en la detención de cuatro menores en el sur de Guayaquil, por el presunto delito de desaparición forzada, tras tres horas y media de audiencia.

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 15 y 11 años, fueron aprehendidos por los uniformados de la FAE en la noche del 8 de diciembre y fueron abandonados horas después en la parroquia de Taura en Naranjal, cerca de la base militar. Desde entonces, han pasado 23 días sin conocerse su paradero.

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Durante ese tiempo, las tres familias luchan por conocer la verdad sobre qué hicieron con sus hijos. Para determinarlo, la Fiscalía General del Estado el 23 de diciembre ejecutó un allanamiento en la Base de Taura que dio paso a una investigación por desaparición forzada.

El 24 de diciembre, una jueza aceptó un habeas corpus que presentaron los familiares y declaró que se trata de un caso de desaparición forzada, porque los uniformados no cumplieron con los protocolos, ni solicitaron la cooperación de la Policía para la detención.

Ese mismo día, agentes hallaron cuatro cadáveres en el recinto Casa de Zinc de Taura, que estaban calcinados y los restos reposan en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil.

El 25 de diciembre, los padres pasaron la Navidad en esa morgue para participar del proceso de identificación de los cuerpos. Entregaron datos de los rasgos físicos para pruebas antropológicas y también de ADN. Estas últimas serán las que confirmen si los fallecidos son los menores, pero aún no están listas y no se conoce una fecha exacta para conocer los resultados.

El desenlace de la investigación y posterior juicio llegará en el 2025.

Dos grupos protestan en los exteriores del establecimiento del Consejo de la Judicatura: los que piden justicia por los menores desaparecidos de Las Malvinas y los que apoyan a las Fuerzas Armadas.

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Los familiares y allegados a los menores manifiestan las consignas "son niños, no terroristas", "militares criminales, son culpables" o "vivos los queremos" mientras que el grupo que sostiene carteles a favor de los militares se mantiene en silencio.

Las familias de los menores desaparecidos ingresaron por una puerta trasera al Complejo Judicial, mientras que los militares y sus abogados tuvieron que ser resguardados por policías para entrar al establecimiento.

Por la aglomeración ante los dos plantones, un carril de la avenida 25 de Julio fue cerrado por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ante esta situación, niños del barrio Las Malvinas aprovecharon el momento para jugar un momento fútbol en la calle, en recuerdo a sus amigos.

Pasadas las 10:20, la audiencia de formulación de cargos por el delito de desaparición forzada fue instalada. Empezó con el reconocimiento de los 16 sospechosos.

No se permitió acceso al público a la diligencia, al realizarse únicamente de manera presencial, con la asistencia de los familiares de los menores, la Fiscalía General del Estado, los militares, sus abogados, y un representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El juez sustentó su decisión de imponer esta restricción con el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que debe haber privacidad y confidencialidad en los procesos en donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. Por ello no se hizo público un link de conexión de vía telemática.

Dos salas fueron habilitadas: una para los parientes de los desaparecidos y otra para los uniformados de las Fuerzas Armadas.

Los plantones por el caso Las Malvinas se han desplazado a dos carriles y un parterre de la avenida 25 de Julio, frente al Complejo Judicial Sur. La ATM cerró el paso de manera momentánea.

El coronel Pablo Ramos, comandante policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) declaró que personal policial está garantizando la seguridad tanto de los participantes en audiencia como las personas que se encuentran en los exteriores.

"Estamos garantizando la seguridad de las personas que están este momento participando en estos eventos (plantones), se ha hecho las coordinaciones con la Agencia de Tránsito también para hacer los desvíos pertinentes", indicó.

Aseguró que la audiencia se desarrolla sin novedades. Con respecto al hallazgo de cuatro cadáveres la semana pasada en Taura, en el que se están desarrollando diligencias para identificarlos, indicó no tener nueva información.

La Fiscalía General del Estado, luego de presentar los elementos de convicción recabados contra los 16 militares involucrados, solicitó prisión preventiva para los uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El delito de desaparición forzada es descrito en el artículo 84 del código penal ecuatoriano como el sometimiento, por parte de un agente del Estado, de privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona. Está penado con 22 a 26 años de cárcel.

Los militares podrían recibir prisión preventiva; medidas cautelares como presentación periódica ante el juez y prohibición de salida del país o ser sobreseídos.

Hasta las 12:16, cuatro militares habían intervenido para defenderse de ser procesados por desaparición forzada. Sus abogados también han tomado la palabra.

En anteriores declaraciones a la prensa, autoridades de las Fuerzas Armadas señalaron que los menores fueron dejados en libertad con vida.

Sin embargo, desde la Fiscalía (en la audiencia de habeas corpus) y las organizaciones de derechos humanos cuestionaron este procedimiento, al no haberse entregado a los menores a la Policía Nacional y haber pretendido llevarlos a una Unidad Policial Comunitaria (UPC) en Taura, a más de 60 kilómetros de Las Malvinas, su sector de residencia.

Mientras se espera la resolución del juez Dennis Ugalde, los manifestantes que piden justicia por la desaparición de cuatro menores bloquearon el paso de una patrulla militar, que transitaba por el carril central de la avenida 25 de Julio, en sentido sur-centro.

La restricción de paso demoró cinco minutos, después de la intervención de la Policía Nacional. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", expresaron las personas presentes.

La Fiscalía comunicó mediante redes sociales que el juez Dennis Ugalde aceptó su pedido y dictó prisión preventiva contra los 16 militares investigados. La instrucción fiscal durará 90 días.

La decisión fue emitida tras escuchar los elementos de convicción recabado por el Ministerio Público.

Tras conocerse la resolución de prisión preventiva en contra de los militares, los manifestantes que estaban en los exteriores del Complejo Judicial Valdivia gritaron "A la Peni".