Violencia en Palo Quemado: policías y comunidades se enfrentan por la minería

Las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, en el cantón Sigchos (Cotopaxi), y el cantón Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, tienen una abundante riqueza geológica.

En estas zonas, según ratificó el Ministerio de Energía y Minas en noviembre de 2021, existen importantes yacimientos de oro, cobre, plata y zinc. Esto que permite actividades mineras de mediana escala que actualmente están a concesionadas a la empresa La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining Corporation.

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Sin embargo, desde la fase de exploración, colectivos antimineros se opusieron al proyecto, asegurando que las zonas no requieren minería, pues son esencialmente agrícolas. Otros, mientras tanto, ven a esta como una oportunidad de desarrollo por los ingresos que generará la mina y las acciones de responsabilidad social que, por Ley, debe implementar la empresa operadora.

La apertura de la mina requerirá una consulta ambiental para que los pobladores, hoy divididos, la respalden o rechacen. Según el Ministerio de Energía y Minas, apenas se explotará el 1,2 % del territorio en Palo Quemado, correspondiente a 144,38 hectáreas.

Para ello, el Ministerio de Ambiente realiza una primera fase de socialización, que continuó el 19 de marzo con la apertura de un Centro de Información fijo en la parroquia. Fue allí donde se registraron altercados.

Grupos antimineros protagonizaron un enfrentamiento que dejó dos policías heridos con arma blanca, cuatro uniformados secuestrados, dos vehículos particulares incinerados y cuatro manifestantes heridos por manipulación de pirotécnica.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es uno de los opositores principales al proyecto. De hecho, el martes 19 de marzo presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el manual de consulta previa para autorizar los proyectos mineros. Además, acusaron a policías y militares de reprimir a la población.

Este no es el primer enfrentamiento que se registra en la zona. Previamente, la noche del 11 de marzo, el Ministerio de Ambiente denunció agresiones contra sus funcionarios que entregaban convocatorias para el proceso de participación ciudadana en relación con la consulta ambiental.