Dos vehículos quemados, y manifestantes y policías heridos en Palo Quemado, Cotopaxi durante protestas antimineras

Las agresiones que han tomado lugar en las protestas antimineras realizadas en la parroquia Palo Quemado, de la provincia de Cotopaxi, han tenido como resultado manifestantes y policías heridos, y la quema de dos vehículos particulares.

En este sector, funcionarios del Ministerio de Ambiente se encontraban socializando a los habitantes una consulta ambiental que se desarrollará próximamente, para autorizar el proyecto minero La Plata de Atico Mining Corporation.

Según la Policía, un grupo de ciudadanos ingresaron de manera agresiva al sitio de concentración, atentando contra los asistentes y los servidores policiales, quienes brindaban seguridad y orden público junto al personal de las Fuerzas Armadas.

Esto motivó que los uniformados usaran material disuasivo, con el objetivo de restablecer el orden y precautelar la seguridad de sus habitantes.

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Tras estas agresiones, dos vehículos fueron incinerados, y dos policías quedaron heridos por arma blanca, y se encuentran estables, y que cuatro ciudadanos fueron afectados por uso inadecuado de pirotecnia, detalló el Ministerio del Interior.

Además, tres policías fueron liberados tras ser retenidos, aunque uno permanecería bajo el control de los manifestantes, afirma la Policía.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien presentó este martes 19 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el manual de consulta previa para autorizar los proyectos mineros, acusa a policías y militares de reprimir a la población.

"Se registran hasta el momento 4 comuneros heridos, producto de la violencia estatal a manos de la Policía y FF.AA.", publicaron en redes sociales, adjuntando imágenes de una persona con vendaje y sangre derramada en el piso.

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También expresaron su rechazo contra un inicio de un proceso llevado a cabo por la Fiscalía General en el que se acusa a 70 personas, que han participado de las manifestaciones, por el delito del terrorismo.

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, afirmó que se está amenazando a la población para que esté de acuerdo con la consulta previa que permitiría el proyecto minero.

Argumentó que su pedido de inconstitucionalidad se fundamenta en que un acuerdo ministerial, con el que se está promoviendo la consulta en las comunidades, no cumple con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Constitucional del Ecuador.

Por lo tanto, piden que la Asamblea Nacional apruebe y el Poder Ejecutivo promulgue una ley específica sobre la consulta previa.