Siete senadores de Estados Unidos piden a Joe Biden que responsabilice a Rafael Correa por su participación en actos de corrupción

Siete senadores estadounidenses dirigieron una carta a Joe Biden, presidente de EE.UU., para que "haga rendir cuentas" al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa por su participación en actos de corrupción significativa y supuestas violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas en el país.

El comunicado es firmado por el senador Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y otros miembros de este órgano legislativo estadounidense como Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn.

En el inicio del documento se señala que el Congreso de Estados Unidos está llevando a cabo "esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador", y describen que el país ha logrado avances significativos desde 2017 "para fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico".

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En el marco de estas acciones, los siete políticos consideran que deben reforzar estas medidas bipartidistas responsabilizando inmediatamente a Rafael Correa por su participación en actos de corrupción significativa.

Los senadores citan la sentencia de ocho años de prisión, dada por la Corte Nacional de Justicia, en contra de Correa por el caso de corrupción "Sobornos, 2012-2016", en el que también estuvo involucrado el exvicepresidente Jorge Glas y otros 18 altos funcionarios gubernamentales y socios comerciales.

"Específicamente, Correa y su red aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos de entidades locales y extranjeras como Odebrecht, la firma brasileña en el centro del esquema de corrupción moderno más grande de América Latina, a cambio de adjudicar ilegalmente importantes contratos gubernamentales para la infraestructura crítica y los recursos naturales de Ecuador", relataron los senadores.

También mencionan que el líder de la Revolución Ciudadana "tiene un historial comprobado de violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos" mientras estuvo en el cargo.

De acuerdo a la organización no gubernamental Freedom House, Correa "supervisó los ataques a la independencia judicial, las libertades de prensa y otras libertades civiles" durante su presidencia.

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Además, el Informe de Derechos Humanos Ecuador 2015 del Departamento de Estado de EE.UU. atestiguó que el expresidente sancionó y censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones independientes de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión.

Asimismo, detallan que pese a que Ecuador ha solicitado su extradición para que enfrente estos cargos, continúa viajando libremente entre Europa y América Latina, en el que se encuentran viajes frecuentes "para reunirse con funcionarios del régimen narcoterrorista sancionado por Estados Unidos en Venezuela".

Por ello, solicitan al presidente Joe Biden que utilice las herramientas disponibles de la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, para que se responsabilice a Correa "por su participación en actos de corrupción significativa y violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos".

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La Proclamación Presidencial 7750 permite negar la entrada a Estados Unidos a personas vinculadas en caso de corrupción, mientras que la Sección 7031 tiene el mismo efecto y se realiza contra personas con participación directa o indirecta en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos.

Esta última designación también aplica a sus familiares. Esto es lo que ocurrió con el también expresidente Abdalá Bucaram y su familia en marzo del 2022.