Con la reforma tributaria se plantea que las zonas francas sean espacios de crecimiento económico

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional iniciaron ayer con el tratamiento a la reforma tributaria enviada por el presidente Daniel Noboa Azín la cual busca reactivar el empleo y la economía en el país.

La Comisión de Desarrollo Económico recibió a las autoridades de los ministerios de Finanzas, de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Servicio de Rentas Internas y Secretaría de Inversiones Público – Privadas, quienes explicaron las implicaciones del articulado propuesto por el Ejecutivo.

Juan Carlos Vega, ministro de Economía, indicó que la situación de las finanzas públicas es preocupante, por ello la propuesta del Ejecutivo es una de varias soluciones de corrección fiscal, mediante la reducción de la volatilidad de los ingresos del Presupuesto General del Estado, reducción de la cartera de deudas por tributos y la promoción para mayor actividad económica con un impulso de beneficios tributarios.

De su parte, el viceministro de Economía, Daniel Falconí, aseguró que el Estado requiere un flujo de caja continua que genere liquidez, para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones.

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El director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, explicó que la propuesta busca dinamizar la economía y darle fluidez al Estado, mediante tres ejes relevantes. Esto son incentivos para la generación de empleo y nuevas inversiones, impulso a la recaudación y lucha contra la evasión fiscal y el incremento de la base de contribuyentes mediante beneficios para no residentes del Ecuador.

Subrayó que con estas reformas se prevé un impacto anual recaudatorio, estimado de USD 832 millones, y agregó que la autorretención a los grandes contribuyentes generaría liquidez en el siguiente año de alrededor 1 260 millones de dólares.

De su lado, la ministra de la Producción, Sonsoles García, expuso la relevancia que tienen las zonas francas en otros países de la región, como espacios de captación de capitales, internacionalización de empresas y crecimiento económico. En términos de dinero -manifestó la funcionaria- el retorno por las zonas francas es significativo, ya que por cada dólar que el Estado no recibe por motivos tributarios, se reciben entre 3 y 7 dólares que circulan en la economía local.

Francisco Grijalva, subsecretario de normas y fortalecimiento de inversiones de la Secretaría de Inversiones Público – Privadas, explicó que la efectividad y beneficios para el desarrollo económico de las políticas para asociaciones público privadas han sido mundialmente comprobados, por lo que el proyecto recoge las recomendaciones de las mejores prácticas globales en esa materia. “Se pretende modernizar la norma vigente mediante el cumplimiento de procedimientos claros y seguridad jurídica”.

Afirmó que varios estudios realizados en la región indican que los proyectos de inversión APP en infraestructura son los que más generan empleo, es así que por cada 1 000 millones de dólares invertidos se pueden generar más de 30 mil empleos.

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Plantea la deducción de hasta el 90% en el pago del Impuesto a la Renta por la contratación de personas entre 18 y 29 años de edad, beneficios tributarios hasta del 50% adicional por contratación de personas que hayan sido sancionadas con pena privativa de libertad, reintegro del IVA a personas naturales o jurídicas por adquisiciones locales o importaciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios, estabilidad tributaria por 5 cinco años y la condonación de deudas a negocios populares por tasa RIMPE de USD 60.

Propone una tarifa 0% de IR los primeros cinco años y posteriormente una tarifa de 15% a los usuarios operadores de zonas francas, la exoneración por 10 años de IR para nuevas inversiones en energías renovables; autorretención del 3% a grandes contribuyentes, y 5% para mineras, sobre el total de sus ingresos gravados, exoneración de la ganancia de capital en la venta de inmuebles destinados para vivienda por una venta en un periodo de cinco años.

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