Procuraduría solicitó el embargo de cuentas de 18 sentenciados en caso Sobornos

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Tribunal de Ejecución a cargo del caso Sobornos 2012-2016 que se embarguen las cuentas de 18 de los 20 sentenciados en este proceso, quienes aún no han pagado la reparación integral al Estado.

En un comunicado difundido este jueves 10 de junio, se conoció que el pasado lunes la PGE pidió el embargo de la cuentas bancarias del expresidente Rafael Correa; del ex vicepresidente Jorge Glas; de los exministros Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado; de los exasambleístas Christian Viteri y Viviana Bonilla, y de la exasesora de Presidencia Pamela Martínez.

Todos estos exfuncionarios fueron condenados en calidad de autores y coautores del delito de cohecho, por lo que se les impuso una multa de 778.224 dólares a cada uno.

Solo Laura Terán, quien fue asistente de Martínez y tampoco ha cumplido con su obligación, debe pagar unos USD 368.632. Ella fue sentenciada como cómplice.

Con respecto a los diez empresarios sentenciados, solo dos ya han pagado su parte al Estado: Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, con 778.224 y 368.632 dólares, respectivamente.

Ramiro Galarza, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga Cevallos (+), Édgar Salas, Mateo Choi y Bolívar Sánchez aún no han cancelado su deuda.

De no haber dinero en sus cuentas, la Procuraduría solicitará el embargo de los bienes muebles e inmuebles de los 18 condenados.

Por otra parte, la institución señaló que Rafael Córdova ha propuesto una forma de pago, que será conocida en una audiencia de ejecución. Mientras que Pedro Verduga Coello, hijo de Pedro Verduga Cevallos, pidió que se notifique con el mandamiento de ejecución "a los herederos presuntos y desconocidos de su padre".

El tribunal de Ejecución del Caso Sobornos, integrado por los magistrados de la Corte Nacional: Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo, dio como plazo hasta este viernes para que los 18 sentenciados que aún faltan de pagar reparación integral al Estado cancelen los 14,7 millones de dólares establecidos como penalidad.