Caso Sobornos: Correa y otros 17 tienen hasta el 11 de junio para pagar USD 14,7 millones

El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y otros 16 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2106 tienen hasta el viernes 11 de junio para pagar los 14,7 millones de dólares establecidos como reparación integral al Estado.

Así lo ordena el Tribunal de Ejecución del Caso Sobornos, integrado por los magistrados de la Corte Nacional: Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo, quienes emitieron la providencia el viernes pasado.

Nueve de los diez exfuncionarios condenados por el delito de cohecho, entre ellos Correa y Glas, deben cancelar un aproximado de 778.000 dólares. En este grupo se incluye también a los exministros Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado; a los exasambleístas Christian Viteri y Viviana Bonilla; y a la exasesora de Presidencia Pamela Martínez.

Solo Laura Terán, quien fue asistente de Martínez, debe pagar unos USD 368.000. Ella fue sentenciada como cómplice.

Ecuavisa consultó a Alfonso Zambrano, abogado de Correa, sobre si su defendido pagará o no al Estado y respondió que no conoce si hay interés o predisposicón para dimitir bienes o entregar dinero para cubrir la disposición legal y que por ese motivo no puede atender una entrevista.

En cambio, Marcelo Dueñas, abogado de Bonilla, indicó que este "proceso de ejecución está orientado a afectar el patrimonio de los condenados" y que "podrán responder hasta el contenido de su propio patrimonio y no más allá de lo que tengan".

Mientras que Jorge Luis Ortega, abogado de Solís, espera primero que un perito realice un avalúo de los bienes del exministro.

Con respecto a los diez empresarios sentenciados, solo dos ya han pagado su parte al Estado: Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, con 778.000 y 368.000 dólares, respectivamente.

Ramiro Galarza, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Édgar Salas, Mateo Choi y Bolívar Sánchez aún no han cancelado su deuda.

Consultado por Ecuavisa, el jurista Ismael Quintana explica que si estas personas no pagan su deuda con el Estado, correponde embargar sus cuentas y bienes con la finalidad de rematarlos.

"Si incluso con ese remate no se satisface la reparación económica, procede que se inicen los correspondientes juicios para perseguir la declaratoria de insolvencia de los condenados", apuntó Quintana.