Paco Moncayo: "militares y policías necesitan instalaciones para cumplir las disposiciones de la justicia"

Una reunión interinstitucional en materia de seguridad se realizó ayer, jueves 4 de mayo de de 2023, en la Corte Nacional de Justicia. Participaron los delegados de esa entidad y los generales en servicio pasivo Paco Moncayo Gallegos y Wagner Bravo Jaramillo, consejero de Gobierno para la seguridad y secretario Seguridad Pública del Estado, respectivamente.

En una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, Moncayo informó sobre cómo se avanza en la lucha contra el crimen organizado ahora que el terrorismo fue declarado como amenaza de Estado.

¿Qué pasó con la identificación de los grupos terroristas que se lo iba a hacer con un decreto ejecutivo? El funcionario dijo que lo primordial es dar continuidad a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). "Estos grupos mutan, cambian, son flexibles. Por ejemplo, si se habla de Los Choneros como grupo terrorista, mañana cambian de nombre u otra forma de organización. Por eso, la propuesta de los juristas que debatieron fue muy oportuna, pues se debe definir que la acción que desarrolle una acción o persona sea un acto terrorista, no importa su nombre".

Moncayo explicó que amenaza terrorista es que existan grupos que están operando por luchas por territorios y en zonas fronterizas, afectando la soberanía nacional. "El terrorismo es una acción psicológica (...) busca paralizar a la sociedad y el Estado para que los grupos delincuenciales sigan actuando en su negocio".

Una de las prioridades es que los efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas cuenten con seguridades tras ser sometidos a procesos penales por evitar delitos. ¿Qué se va a hacer en ese tema? Moncayo dijo que ese es un pedido de las fuerzas del orden. "Hay un aspiración de las FF.AA. y la Policía Nacional de que hayan instituciones o instalaciones para estos casos particulares".

No se trata de cárceles especiales, pero sí dentro del sistema. Deben haber instalaciones que, de darse los casos excepcionales, cumplan la disposición de los jueces con la mínima seguridad de quienes resguardan a la ciudadanía.

El consejero de Gobierno para la seguridad no mencionó los montos que se van a invertir para afrontar al crimen organizado. Tampoco dio las proyecciones sobre las cifras que se buscan alcanzar en cuanto a la reducción de muertes violentas e indicadores tras la aplicación del plan de seguridad.

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