El Presidente emitirá un decreto para regular el uso de armas letales contra el terrorismo en Ecuador

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el máximo organismo asesor en la materia de Ecuador, recomendó el uso de armas letales para combatir la oleada de delitos y crímenes en el país, atribuidos a bandas narcodelictivas que serán consideradas como terroristas.

Las recomendaciones que dio el Cosepe se traducirán en reformas políticas, aseguró el subsecretario Jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides. Dichas reformas se enviarán a la Asamblea Nacional y otros, que son competencia del presidente Guillermo Lasso, se concretarán mediante Decretos.

Y precisamente la tarde este viernes, 28 de abril de 2023, el presidente Guillermo Lasso emitirá un Decreto Ejecutivo para regular el uso progresivo de la fuerza y armas letales contra el terrorismo y la delincuencia común.

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En diálogo con la televisión pública, el funcionario mencionó que este documento está “prácticamente listo”. Allí, entre otras cosas, se establece una gradación del uso de armas letales para la fuerza pública, dependiendo de las circunstancias a las que se enfrente.

Además, Benavides reveló que en el decreto también se podría declarar a las bandas criminales como terroristas, aunque aún se tienen que determinar cuáles.

Esta decisión llega luego que este jueves el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) resolvió declarar al terrorismo como una amenaza para la estrutura del Estado.

El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, leyó un documento en el que constan las resoluciones del Cosepe, organismo integrado por los titulares de las funciones del Estado y del alto mando militar y policial.

En ese escrito, el Consejo recomendó al presidente Lasso "expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano".

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Asimismo, declaró al terrorismo "como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana".

También resolvió "declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República".

Finalmente el organismo, cuyas deliberaciones son secretas por ser consideradas de seguridad nacional, ha decidido "levantar la reserva sobre esta resolución" para que la población conozca los pormenores del debate mantenido en torno al combate a la delincuencia.