Pablo Dávila: "Ahora se busca deslegitimar el trabajo que hizo el Consejo de Participación Transitorio"

En febrero de 2018, el expresidente Lenín Moreno Garcés convocó a un referéndum constitucional. Se consultó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en inhabilitar políticamente a condenados por corrupción, dejar sin efecto la reelección presidencial indefinida, cesar a los consejeros de participación de ese tiempo y crear a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que evalúe a las autoridades de control, entre otras preguntas.

El 'Sí' ganó con un 67,65% de los votos, a escala nacional, frente al 32,35% que obtuvo el 'No'. En ese contexto, el Transitorio evaluó a la Corte Constitucional (CC) que venía actuando, desde la época correísta, y se originó el concurso para los nuevos jueces, cuyo primer presidente fue el doctor Hernán Salgado Pesántes.

Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) actual busca revisar la cesación de esa CC, amparado en la decisión de un juez del cantón Montecristi (Manabí). Sobre este tema dialogó en Contacto Directo de Televistazo este lunes 4 de septiembre de 2023, Pablo Dávila Jaramillo, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, muy cercano al doctor Julio César Trujillo.

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Dijo que ahora se busca deslegitimar y no reconocer el trabajo que hizo en el Consejo de Participación Transitorio. En 2018, por voluntad popular, se tomaron varias decisiones estratégicas para recobrar el estado de derecho en el país. Una era evaluar a las autoridades en funciones después de un proceso que garantice los derechos para los involucrados. En ese proceso se incluyó a la CC.

"Hoy en día, nuevamente, vemos un esfuerzo que se plantea a través del abuso de una garantía jurisdiccional en materia constitucional, que es la acción de protección, para tratar de desconocer el proceso de evaluación que se hizo a la CC", dijo.

A su juicio, es relevante que los ciudadanos defiendan el trabajo del Transitorio y de todas las instituciones involucradas en recuperar el estado de derecho y la confianza en las entidades públicas desde el 2018 hasta hoy. "Tratar de cambiar a la CC, a través de la figura que sea, nos obliga a preguntarnos en este momento ¿para qué? y ¿por qué? ¿Acaso esta nueva estrategia, a través de una acción de protección en Montecristi, pretende que se elimine, se cese en funciones a la actual CC para que venga la que fue cesada en 2018 por voluntad ciudadana".

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Dávila está convencido de que, detrás de esa "argucia jurídica", hay una estrategia política para desestabilizar el país y evitar que se siga recuperando el estado de derecho. Explicó que los miembros de la CC, hasta 2018, tenían graves y delicados conflictos de interés para el ejercicio de su cargo. "Los magistrados que cesamos estaban absolutamente vinculados al partido político del Gobierno de ese tiempo, Alianza País, del expresidente Rafael Correa".

Añadió que una parte de los integrantes de esa Corte Constitucional estaban ligados al Gobierno de Correa. De hecho, algunos incluso cumplieron funciones en el Despacho Presidencial y ejecutaban las disposiciones del Ejecutivo en diferentes carteras de Estado. "No podían ejercer el cargo porque no tenían autonomía, no presentaban garantías en la justicia para los ciudadanos".

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Un juez de Montecristi ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que conforme una veeduría para "diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional", por parte del Cpccs transitorio de 2018.

La decisión del juez nace de una acción de protección concedida a favor de Betty Marcillo Moreira, quien acudió a la justicia luego de que pidiera la conformación de esa veeduría al Cpccs presidido por Gina Aguilar y se le negara la solicitud.

Una analista del Cpccs de Manabí respondió a esa solicitud citando el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se establece que la institución no tenía competencias extraordinarias que se le otorgó al transitorio.

La demandante argumentó que esa sentencia no limita la participación de los ciudadanos y, por lo tanto, considera que la vía adecuada es la veeduría.

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