Un juez de Manabí ordena a Alembert Vera crear una veeduría para evaluar a la Corte Constitucional que surgió del Cpccs de Trujillo

Un juez de Montecristi ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que conforme una veeduría para "diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional", por parte del Cpccs transitorio de 2018.

La decisión del juez nace de una acción de protección concedida a favor de Betty Marcillo Moreira, quien acudió a la justicia luego de que pidiera la conformación de esa veeduría al Cpccs presidido por Gina Aguilar y se le negara la solicitud.

Una analista del Cpccs de Manabí respondió a esa solicitud citando el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se establece que la institución no tenía competencias extraordinarias que se le otorgó al transitorio.

La demandante argumentó que esa sentencia no limita la participación de los ciudadanos y, por lo tanto, considera que la vía adecuada es la veeduría.

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Los abogados constitucionalistas André Benavides y José Chalco coinciden con lo expresado por la funcionaria que rechazó el pedido de conformar la veeduría.

Chalco explica que ese dictamen de la CC es una interpretación constitucional de 2019 en la que se determinó que los siguientes Cpccs, luego del Transitorio, es decir, aquellos denominados como definitivos, no podrán evaluar ni interferir en las decisiones del transitorio.

Ese pronunciamiento da un lineamiento Constitucional y determina que las atribuciones que tuvo el consejo presidido por Julio César Trujillo (+) son extraordinarias, según explica el jurista.

El Cpccs de transición nació en el referéndum de 2018, convocado por el expresidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos se pronunciaron favorablemente a la necesidad de conformar un consejo a cargo de evaluar y designar a nuevas autoridades de control.

Para Chalco, lo que intente hacer el actual Cpccs, de mayoría correísta, en contra de aquellas autoridades que fueron designadas por el transitorio, implicaría una vulneración e inobservancia al dictamen, lo que podría derivar en sanciones como la destitución del servidor.

André Benavides añade al análisis la extemporaneidad del procedimiento, porque la Corte Constitucional desde ese entonces ha tomado varias acciones que jurídicamente no podrían revertirse.

Alembert Vera, actual presidente del Cpccs, confirmó que atenderá el pedido y conformará la veeduría por "orden judicial".

El funcionario está consciente de que efectivamente existe una interpretación de la Corte que prohíbe a la institución tomar ese tipo de acciones; sin embargo, enfatiza que es una iniciativa ciudadana.

También adelanta criterio:

Por otro lado, Ecuavisa.com conversó con consejeros de minoría y confirmaron que no tenían conocimiento sobre el tema. Mishelle Calvache dice que no se ha socializado con el Pleno del Cpccs, y no se les ha convocado para ese propósito. La vocal se enteró por una publicación en redes sociales del Consejo, pero confirmó que ya pidió la información a la Secretaría.

De acuerdo con el reglamento, las veedurías ciudadanas son mecanismos de control que permiten fiscalizar la gestión pública.

Sin embargo, Benavides y Chalco creen que lo que concluya una veeduría no tiene mayor impacto jurídico.

Por ejemplo, Chalco cita lo ocurrido con la auditoría académica a la tesis de la fiscal Diana Salazar, cuando el impacto solo pasó por lo mediático, pero no llegó a incidir en la evaluación que hizo la Universidad Central, ni en la permanencia de la funcionaria.

De hecho, el reglamento es claro al señalar que las conclusiones y recomendaciones de los veedores pasarán a conocimiento del Pleno del Consejo de Participación, para la respectiva resolución, la misma institución que no puede pronunciarse sobre lo actuado por el Cpccs-t.

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En caso de que quisieran revertir lo actuado por la Corte Constitucional actual y desconocer a los magistrados, podrían verse afectadas decisiones relacionadas con el matrimonio homosexual o la suspensión de la objeción de consciencia en el aborto.

Desde el correísmo se plantean varias vías para revertir lo expresado mediante voluntad popular en el referéndum de 2018. Esta sería solo una de las alternativas, pues en el plan de Gobierno de Luisa González también consta una re-constituyente con el mismo fin.