La Conaie tiene otra lista de personas para más amnistías

El precedente de las amnistías otorgadas por la Asamblea a 268 personas, la madrugada del pasado 10 de marzo de 2022, abre la posibilidad de nuevas peticiones de perdón. La mañana de este 16 de marzo de 2022, en una rueda de prensa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que presentará un nuevo listado de personas que buscan acceder a esta figura jurídica por las manifestaciones de octubre de 2019 y 2021, y a “defensores” de territorios.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, defendió la votación de los 99 asambleístas que consignaron a favor de la amnistía. Exhortó a todas las funciones del Estado a manejarse con independencia política y solicitó la desclasificación de los documentos de las investigaciones de octubre de 2019.

Sostuvo que la Fiscalía no ha podido probar los delitos por los que fueron acusados las personas involucradas en las manfiestaciones de octubre de 2019 y recordó las declaraciones de la excontralora subrogante, Valentina Zárate, el pasado 21 de abril de 2021, indicando que el incendio de la Contraloría ocurrió desde el interior de la institución.

El dirigente afirmó que acudirán a todas las instancias necesarias en caso de que se pretenda eliminar la amnistía, aunque el informe entró en vigencia ayer con la publicación en el Registro Oficial.

En el mismo sentido, Jorge Rivera, vicepresidente de la Asociación Inocencio Tucumbi, anunció que se iniciará una demanda internacional contra el expresidente Lenín Moreno y la exministra de Gobierno María Paula Romo, por las manifestaciones de octubre de 2019.

Ante el mapa político que configuró la votación de los asambleístas en defensa de las amnistías, Iza dijo que la votación no fue por una postura política, sino por una “reconciliación” del país.

La tarde de ayer, 15 de marzo de 2022, decenas de ciudadanos se concentraron en los exteriores de la Asamblea Nacional para rechazar las amnistías que concedió el Parlamento. Rivera insinúo que esta acción corresponde a la "aristocracia quiteña" e Iza, que se utilizó este caso como una plataforma política.

El perdón otorgado por el Legislativo benefició a 268 personas: 60 relacionadas a las protestas de octubre de 2019, 153 por la “defensa del territorio de las empresas extractivas”, 12 a justicia indígena y 43 a casos de “defensa de la naturaleza”. Varios de ellos participaron en el conversatorio con los medios de comunicación y aseguraron ser “luchadores” y “perseguidos” por el Gobierno.