Las amnistías despiertan -de nuevo- al fantasma de la muerte cruzada

Las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional la madrugada de este jueves 10 de marzo ha despertado nuevamente el fantasma de la muerte cruzada.

En la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) -conformada por asambleístas de CREO y varios independientes- e Izquierda Democrática (ID) pedirán explicaciones a sus legisladores que votaron a favor de amnistiar, entre otros, a 60 personas procesadas por las manifestaciones de octubre de 2019.

"Cada quién tiene que argumentar por qué decidió tomar una decisión para votar de esa manera", dijo hoy Byron Maldonado, parlamentario de CREO.

Y es que del BAN, 13 legisladores apoyaron el informe.

De su lado, el asambleísta Fernando Villavicencio (independiente) justificó su respaldo al informe porque él y otros parlamentarios se sintieron "arrinconados".

Según el también presidente de la Comisión de Fiscalización, más de 200 personas sí merecían la amnistía. Asimismo, indica que desde el BAN se iba a presentar una moción para no votar en paquete, pero "CREO nunca presentó esa moción", aseveró.

En ID, siete asambleístas votaron a favor de las amnistías.

Quienes respaldaron el informe, como Xavier Santos (ID), recuerdan que había un acuerdo con Pachakutik para aprobar las amnistías y esperaban también conversaciones para dividir la votación.

Para César Rohon, lo aprobado ayer por el Parlamento es "impresentable" porque "ha violentado la ley y la Constitución". "Lo mejor que le puede pasar al Ecuador es que se cierre la Asamblea", sostuvo el funcionario legislativo.

Quienes sí cumplieron con sus anuncios fueron los asambleístas del Partido Social Cristiano. Votaron en solo bloque no a las amnistías. Sus líderes aseguran que todo fue parte de un pacto para salvar a la presidenta Guadalupe Llori. Desde Pachakutik lo niegan.

Además de los 60 procesados por las manifestaciones de octubre de 2019, entre los amnistiados hay 153 que estaban involucrados en protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 identificados por organizaciones civiles como defensores ambientales, y 12 "criminalizados" por administrar justicia indígena.

Entre los beneficiarios de la decisión del Legislativo figura Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), así como a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, leal al expresidente Rafael Correa, además de varios "defensores del agua".

Las amnistías fueron aprobadas por el pleno de la Asamblea Nacional con el respaldo de 99 votos a favor de los 125 parlamentarios presentes en la Cámara.