Una jueza de Quito niega medidas cautelares de Verónica Abad, sobre su sanción del Ministerio de Trabajo

Una jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito rechazó conceder las medidas cautelares a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, en su acción de protección en contra de la sanción que la suspendió de su cargo, con 150 días sin sueldo, del Ministerio del Trabajo.

La magistrada Nubia Vera aseveró que la petición de cancelar el sumario administrativo en contra de la segunda mandataria, mientras dure esta diligencia, es improcedente.

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"No se determina un hecho que amenace, de modo inminente y grave, con violar un derecho o viole un derecho determinado objetivamente" manifestó la jueza.

Indicó que la audiencia se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre a las 09:00 en la Unidad Judicial del distrito Mariscal Sucre de Quito.

Ese día se valorará las pruebas presentadas por la vicepresidenta y por las tres demandadas: la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, la directora de sumarios administrativos Ruth Espinoza y la Procuraduría General del Estado.

Hay 14 personas que pidieron intervenir como terceros interesados y fueron avalados por la jueza Vera.

La suspensión del Ministerio de Trabajo se produjo porque Abad, quien cumplía las funciones de embajadora de Israel, no se trasladó a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre, como dispuso el presidente Daniel Noboa.

La vicepresidenta informó que en los próximos días volverá al Ecuador, ya que no podrá ejercer sus funciones hasta al menos marzo de 2025.

Este era el único camino que podía revertir de inmediato la suspensión por 150 días. La Corte Constitucional es la otra vía que se ha activado para revertir esta medida. La Asamblea presentó una acción de interpretación, según lo aprobado por el pleno el pasado miércoles.

Solicita que los jueces aclaren cuatro artículos de la norma suprema, relacionados con las causales de ausencia temporal de la vicepresidenta, su función principal de reemplazo del presidente, si tiene las mismas protecciones e inhabilidades del primer mandatario y las atribuciones de los ministros.

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La causa recayó por sorteo en el magistrado constitucional Richard Ortiz.

Una segunda acción fue presentada por el Partido Socialista que, en cambio, demanda la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo que nombra a Sariha Moya como reemplazo de Abad. Esta causa la resolverá la magistrada Alejandrá Cárdenas.

Las dos acciones ingresan en orden cronológico, deben pasar por un proceso de admisión y sólo si el pleno decide darles prioridad se resolverán en el corto plazo.