Sofía Almeida presentó la denuncia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la remoción de autoridades que hubo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Lo hace tras la denuncia presentada por Sofía Almeida, quien aún reclama la presidencia del CPCCS.
La FGE indaga un posible delito de usurpación y retención ilegal de mando. Almeida acusó a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo de haber incurrido en varias irregularidades.
"Vienen cometiendo delitos tras delitos porque para poder ejercer el cargo como lo está haciendo ahora (Ulloa), tuvo que haberse metido a coger mis claves”, dijo Almeida este viernes.
La investigación previa fue abierta el 21 de febrero pasado. Almeida deberá reconocer la firma de su denuncia y rendir su versión el próximo 3 de marzo.
Un asistente informático del CPCCS también será investigado en este caso.
- "No hay ningún delito" -
Rivadeneira, una de las implicadas, ya fue notificada oficialmente sobre este proceso. Ella asegura estar "totalmente confiada" de que no han incurrido en ningún delito.
"Esperamos confiadamente los resultados de esta indagación previa", dijo la funcionaria.
La etapa investigativa es reservada. Lo que ha trascendido es que la FGE ya requirió información del caso al CPCCS, Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral.
El pasado 9 de febrero, los consejeros Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira decidieron que Sofía Almeida y David Rosero no continúen más como titulares de la institución.
Inmediatamente los cuatro vocales decidieron que esos cargos sean ocupados por Ulloa y Rivadeneira como presidente y vicepresidenta, respectivamente.
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