Contingente policial afuera del CPCCS fue solicitado por Hernán Ulloa, confirma ministra de Gobierno

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, confirmó este miércoles 16 de febrero que Hernán Ulloa, presidente en disputa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitó a la Comandancia General de la Policía Nacional resguardo policial el día que se removió a Sofía Almeida de su cargo como titular del organismo.

"Se recibió en la Comandancia General una solicitud de los miembros del CPCCS, específicamente del miembro del CPCCS, doctor Hernán Ulloa", dijo la funcionaria ante los legisladores que conforman la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.

Vela aseguró que el haber dispuesto la movilización de agentes no significó una intromisión del Gobierno Nacional en la pugna por la presidencia del Consejo.

"Ni he hecho ni haré alguna intervención a ninguna institución del Estado y tampoco en el CPCCS. Los problemas deben resolverse de acuerdo a los canales constitucionales y legales", enfatizó la ministra.

La ministra añadió que desde la Comandancia de Policía intentaron comunicarse con Almeida, pero al no lograrlo "se actuó sobre la solicitud del consejero Ulloa".

El pasado 9 de febrero, los vocales del CPCCS, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Ulloa se autoconvocaron e instalaron una sesión para dejar fuera de sus cargos a Almeida y David Rosero, quien hasta ese día fungía como vicepresidente del organismo.

En esa misma reunión se nombró a Ulloa como presidente y a Rivadeneira como segunda al mando.

Durante toda esa jornada se divisó a decenas de policías en los exteriores del edificio del Consejo, en Quito.

Sobre ello, el comandante general de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, quien también fue convocado hoy en el Parlamento, dijo que solo se trató de 25 uniformados.

Al Legislativo también acudieron los consejeros Estupiñán, Bravo, Rivadeneira y Ulloa, a quienes Almeida ha calificado de "golpistas". Ellos defendieron la remoción de los entonces titulares del CPCCS.

Rosero dijo que hubo más de una de docena de sesiones suspendidas por Almeida, que no se entregaba un solo documento a los consejeros sobre los concursos y que el reglamento para designar al contralor general del Estado tenía supuestas irregularidades y se parecía al que permitió la designación de Carlos Pólit, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Tanto Almeida como Ulloa sostienen que son los presidentes del organismo. De hecho, cada uno ha mostrado resoluciones judiciales con las que luchan por la titularidad de la institución.

Aunque Almeida y Rosero fueron removidos de sus puestos como presidenta y vicepresidente, continúan siendo vocales del organismo. Solo el Parlamento podría destituirlos mediante un juicio político.

El CPCCS, en total conformado por siete consejeros, tiene pendiente los procesos para designar al contralor general del Estado, defensor del Pueblo, entre otras autoridades.

En la Asamblea ya se ha pedido juicio político para los siete del Consejo.