17 abr 2020 , 08:35

Este sábado 18 de abril Asamblea inicia trámite de proyectos de ley enviados por Moreno

   

El Ejecutivo envió dos documentos son el carácter de económico urgente.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá este sábado 18 de abril para calificar los proyectos de ley con los que el Gobierno busca enfrentar la crisis que deja la pandemia del COVID-19.

Este jueves por la noche el Ejecutivo envió al Legislativo los documentos denominados: "Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19" y "Ley para el Reordenamiento de las Finanzas Públicas", ambos con el carácter de económico urgente. 

 

En el primer caso el régimen propone una contribución económica temporal de empleados públicos y privados que ganen desde 500 dólares mensuales. Quienes perciben esta cantidad deberán pagar dos dólares pero, por ejemplo, si percibe 800, cancelará 9 dólares; si percibe 1000 serán 19, si gana 1500 serán 57 dólares. El Ejecutivo creó una tabla hasta para sueldos de USD 250.000 

 

Otra de las contribuciones que propone el Gobierno es el aporte de unas 1500 empresas que tuvieron utilidades de más de USD 1 millón en 2018. Las compañías deberán reembolsar el 5% de esa utilidad en tres pagos mensuales.

 

Solo con ambas contribuciones (la de los empleados y las empresas), el régimen prevé recuadar más de 900 millones de dólares.  

 

El presidente Lenín Moreno ha asegurado que todo lo recaudado irá a una cuenta especial creda para fines exclusivos de la asistencia humanitaria y el impulso de la economía, afectada por la pandemia.  

 

En el segundo proyecto de ley se plantea, por ejemplo, modificar el incremento del Presupuesto General del Estado. Se pretende que sea de máximo el 5%, actualmente es del 15%.  

 

También se señala que los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables (petróleo) que superen lo establecido en el Presupuesto General del Estado, se destinarán a la creación de un fondo de estabilización fiscal que pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

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