Asamblea: el presidente Noboa emitió afirmaciones inexactas sobre el tratamiento de temas de la consulta popular

La Comisión de la Asamblea Nacional, encargada de dar tratamiento a los proyectos de ley derivados de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, aprobó el informe para segundo debate. Según los legisladores de ese organismo, el documento recoge el mandato popular y contribuye en la lucha contra la inseguridad, los grupos de delincuencia organizada, la minería ilegal y simplifica la extinción de dominio de los bienes y recursos obtenidos de forma ilícita.

El análisis realizado por la mesa legislativa contó con la participación de la sociedad civil, academia y autoridades de instituciones como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General del Estado, Consejo de la Judicatura, entre otras, las cuales se relacionan con la aplicación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Sobre la base en las observaciones y análisis recogidos se determinó que, “el combate al crimen organizado requiere esfuerzos coordinados a nivel gubernamental, con la implementación de leyes sólidas y el fortalecimiento de instituciones judiciales y policiales”.

Se recoge el compromiso de las y los comisionados para dar cumplimiento a la voluntad popular, en adopción de estrategias integrales que aborden las causas, consecuencias y factores desencadenantes de la corrupción y el aparecimiento del crimen organizado.

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Previo a la aprobación del informe, la comisión aprobó una moción de la legisladora Lucía Posso para que los textos normativos referentes al aumento de penas y otras reformas, sean los originales propuestos por el Ejecutivo.

Además, se aprobó agregar una excepción adicional a las ya establecidas para el inicio de la acción de extinción de dominio. Esta se configurará cuando se trate de bienes o activos injustificados sobre los cuales exista relación de causalidad con los delitos contra la eficiencia de la administración pública, como en los casos de concusión y cohecho.

Las y los asambleístas coincidieron en fortalecer el compromiso legislativo para erradicar la corrupción, así como para prevenir el delito y luchar contra el crimen organizado.

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El presidente Daniel Noboa difundió un comunicado, ayer, en el que expresó su malestar porque la Legislatura pretende reducir las penas para ciertos delitos, respecto a la propuesta que había enviado el Ejecutivo para la aplicación de la pregunta G de la consulta popular.

Los ciudadanos votaron por el sí en el casillero que consultaba si incrementar las penas para 10 delitos como el terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias, sicariato, secuestro extorsivo, etc.

Según el Mandatario, la propuesta inicial era que el delito de delincuencia organizada se sancione con una pena de prisión de 22 a 26 años, pero en el Legislativo se hace de 10 a 13 años.

Por el delito de terrorismo se planteaba una pena de 22 a 26 años, mientras que la Asamblea plantea de 13 a 16. "Tanto dinero gasta el Estado en sus sueldos para que ustedes legislen a favor de los delincuentes".

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Carlos Vera Mora también resaltó que se incrementaron las penas: