La Comisión que tramita la ley de la consulta popular avanza con la presión del tiempo y con pocos aportes del Ejecutivo

Este 10 de junio de 2024 comienza la cuarta semana de trabajo de la comisión ocasional multipartidista de la Asamblea Nacional, a cargo de tramitar las leyes que se desprenden de la consulta popular y referéndum 2024, conforme a los proyectos presentados por el presidente Daniel Noboa.

Entre el 10 y el 16 de junio está previsto que el Pleno de la Asamblea conozca y debata el primer informe, aprobado por la comisión de manera unánime. Hay expectativa de que la sesión se lleve a cabo mañana, martes 11 de junio, para lo cual se necesitaría la convocatoria del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

Se tratan de tres reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Todos se unificaron en un solo proyecto de 24 artículos.

Desde su conformación, la mesa legislativa tuvo algunos tropiezos por discrepancias entre bancadas, no todos estaban de acuerdo con los asambleístas que la integran, inicialmente se barajaban otros nombres para los representantes de ADN, Construye y los independientes.

La comisión tiene los días contados para concretar las reformas a las leyes. Está previsto que hasta el 4 de julio de 2024 ya se aprueben de manera definitiva, es decir, incluyendo el segundo debate.

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¿Los asambleístas lograrán concretar el trámite, conforme a la voluntad popular?

La Comisión analizó las reformas al COIP: el incremento de penas para ciertos delitos; que los privados de libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación; tipificación del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; y el destino de las armas utilizadas en ilícitos.

También la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que establece que la iniciativa de investigación no necesite una declaración de sentencia penal condenatoria.

Todo se incluyó en un solo documento, conforme a lo acordado por la comisión.

En entrevista con Ecuavisa.com, la vicepresidenta de la Comisión, Lucía Posso, explica que si no se unificaban los proyectos, hubieran sido necesarios cinco trámites independientes, lo que complicaba el trabajo de los legisladores en el corto tiempo establecido.

Ahora, es más sencillo y fácil acoplarse a los 45 días, pues se asemejaría al tiempo de gestión de proyectos económicos urgentes.

La legisladora tiene expectativas de que se cumpla con el cronograma establecido, bajo el cual ya se tendría que aprobar hasta el 4 de julio próximo.

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Sin embargo, no todo en la comisión ha fluido. El pasado 5 de junio de 2024, estaban previstas las comparecencias de algunas autoridades del Ejecutivo, pero la mayoría no se presentó. Por ejemplo: el director de la UAFE, José Neira; el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix; el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria, Shirley Muñoz; el Comandante General de la Policía, César Zapata; y Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Posso explica que era importante contar con el criterio de las autoridades porque ellos administran la norma en la práctica.

"Teníamos toda una tarde prevista para contar con los aportes y no acudieron", indicó la asambleísta. Teme que luego se realicen aportes extemporáneos y que no se logren incorporar. El mismo sentir tiene el presidente de la comisión, Carlos Vera.

La asambleísta Patricia Mendoza sugirió que se difunda un boletín en el que conste que los representantes de los ministerios no acudieron a la comisión.

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Para Posso, lo más complejo de las reformas es la aplicación de la pregunta K, en la que los ecuatorianos decidieron simplificar el procedimiento para que el Estado sea el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado.

Para ello se retira el requisito de sentencia ejecutoriada, pero hay la preocupación de que al hacerlo se vulneren los derechos de presunción de inocencia.

De hecho, ese fue uno de los argumentos de la asambleísta Mendoza para abstenerse en la votación del informe para primer debate.

Otro tema que genera preocupación es el endurecimiento de pena para ciertos delitos, como terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada o lavado de activos.

Ahí la preocupación es que no se respete la proporcionalidad de las penas con las sanciones.

Tras el primer debate, los asambleístas no tienen la oportunidad de incluir reformas que no se hayan aprobado en la consulta, únicamente pueden mejorar los textos, según explica la abogada constitucionalista, que participó como invitada de la comisión, Pamela Aguirre Castro.

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