¿Guayas o Bolívar?: El conflicto limítrofe de Santa Rosa de Agua Clara

El recinto Santa Rosa de Agua Clara queda a cuatro kilómetros del cantón General Antonio Elizalde Bucay, en el límite de las provincias de Guayas y Bolívar. Este territorio consta entre los 14 puntos que no pertenece oficialmente a alguna provincia del país.

 

El comercio, turismo y agricultura, son las principales fuentes de empleo de sus 5.000 habitantes. Quienes nacieron en Santa Rosa de Agua Clara, como Rafael Avilés, consideran que no existe ninguna duda sobre cuál es su provincia: “Desde que tenemos uso de razón, esta ha sido de Bolívar”.

 

Otros habitantes consideran necesario que se defina a qué provincia pertenecen. Aseguran que ser de Guayas les permitirá tener acceso a bienes y servicios básicos, los cuales actualmente son muy escasos. Alegan además que su cercanía con Bucay los beneficia.

 

Alexis Tinzo, presidente de la comuna, asegura que los cambios evidenciados en el lugar se deben a gestiones directas con la provincia de Bolívar y que ciertas obras realizadas por la Prefectura del Guayas se enfocan al turismo, por lo que considera prioritario que se definan los límites.

 

“Tanta gente que no saben incluso dónde sacar la escritura (de sus bienes)”, comenta Tinzo.

 

Situación similar viven los habitantes del recinto Esperanza Alta, kilómetros más adelante que también está en Bolívar.

 

Mientras tanto, este lunes el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala se reunió con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, para analizar la posibilidad de un plebiscito en caso de no poder llegar a un acuerdo sobre los límites.

 

“En algunos sitios donde no podamos llegar a acuerdos, pues habrá que recurrir a la consulta popular”, manifestó Jairala. Mientras que Paredes indicó que “para poder sanear uno de los mecanismos democráticos más importante sería el de la consulta popular”.

 

Este 11 y 12 de septiembre los prefectos y alcaldes de las provincias que tienen algún tipo de conflicto limítrofe se reunirán en Quito, para designar a quienes los representarán ante el CNE, en caso de que se deba realizar una consulta.