05 oct 2019 , 08:00

Transportistas cesan paro y se analizan tarifas de pasajes

Piden garantías al Gobierno para poder reanudar sus actividades con normalidad.

Los transportistas de Ecuador suspendieron el viernes 4 de octubre la paralización de transporte contra la eliminación de subsidios a los combustibles que derivó en dos días de disturbios en medio de un estado de excepción, en el que los militares están a cargo de mantener el orden en todo el país. 

 

Las fuertes manifestaciones por el alza de precios de los combustibles, que también es rechazada por otros sectores sociales que protestaron en las calles, dejaron 59 uniformados heridos y 379 detenidos a nivel nacional, según el balance consolidado más reciente del Gobierno.

 

El Servicio de Gestión de Riesgos también había reportado 14 civiles heridos.

 

"Hoy día de nuestra parte se termina la medida de hecho", dijo Abel Gómez, en representación de once federaciones de transporte, en una rueda de prensa en Quito junto a otros líderes del ramo, en la que plantearon a las autoridades fijar nuevas tarifas en compensación.

 

Abel Gómez, en representación de once federaciones de transporte.

 

 

Los transportistas señalaron que no se responsabilizan desde hoy por violencia o vandalismo que ocurra por la eliminación del subsidio a las gasolinas. 

 

El gremio no ha confirmado que hayan llegado a un acuerdo sobre nuevas tarifas al transporte, pero que queda en manos del Ejecutivo una respuesta sobre este aumento.

 

Otro de los pedidos que hacen a Moreno es la liberación de los dirigentes de la transportación que fueron detenidos durante la jornada de paralización. 

 

Durante la mañana, en Quito, la Policía detuvo a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, por el delito de paralización del servicio público, según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. 

 

El Ejecutivo controla el costo de pasajes de buses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.

 

Gómez pidió al Ejecutivo que asegure la condiciones para que los servicios de transporte se normalicen en todo el país ante manifestaciones de estudiantes universitarios y sectores de oposición, que también cuestionan el desmonte de subsidios en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir préstamos.

 

Esa medida, que hizo estallar el descontento social, elevó los precios del galón americano de diésel de $1,03 a $2,30 y de gasolina Extra de $1,85 a $2,40. "No son decisiones fáciles de aceptar", señaló el presidente Lenín Moreno.

 

- "Situación caótica" -

 

Gómez hizo alusión a una "situación caótica en la que se encuentra el país" a raíz de la huelga de transportistas tras la eliminación de subvenciones por 1.300 millones de dólares al año.

 

"Que quede claro: se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería", advirtió el mandatario el viernes por la manñana, cuando decenas de manifestantes volvieron a sostener choques con policías en varias ciudades del país, intercambiando pedradas y artefactos incendiarios por bombas de gas lacrimógeno, según comprobaron periodistas de la AFP.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresó por Twitter su "preocupación por uso excesivo de la fuerza por la policía en Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales". El organismo refirió "por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos".

 

Sin clases por orden gubernamental, Ecuador debió lidiar con la huelga de los transportistas que casi desafía la medida de excepción impuesta el jueves por el presidente Lenín Moreno.

 

Ante la ausencia de taxis y buses en las calles, la población debió ingeniársela para cumplir con sus actividades. En Quito solo operaba el sistema municipal de transporte y en Guayaquil, la Metrovía y algunas líneas de buses -insuficientes para atender la demanda-, por lo que las Fuerzas Armadas habilitaron sus vehículos al servicio ciudadano.

 

Ecuador adoptó la medida, en vigencia durante cuatro décadas, en acuerdo con el FMI para obtener créditos por 4.209 millones de dólares ante el desbarajuste de su economía dolarizada y dependiente del petróleo. 

 

El elevado endeudamiento de los últimos años afectó la liquidez, según las autoridades. 

 

Pese a las protestas sociales, el jefe de Estado sostiene que no cambiará de "opinión". "No me tiembla la mano para hacerlo. Debemos erradicar todas esas distorsiones" en la economía", manifestó.

 

Moreno decretó el estado de excepción, con lo que quedó facultado para restringir derechos, aunque de momento solo ha empleado las atribuciones para reforzar el control con los militares. 

 

- Millonarias pérdidas -

 

Las protestas de diversos sectores, que dejan pérdidas diarias por 262 millones de dólares según empresarios industriales, se han extendido a Guayaquil, de las mayores ciudades del país, donde organizaciones de indígenas y sindicales amenazan manifestarse en los próximos días.

 

Aunque aún no se han cuantificado los daños en Quito, si se lo ha hecho en el Centro Histórico. En un solo día el Instituto Metropolitano de Patrimonio habla de 200 mil dólares. "El daño es grave. Hemos encontrado mampostería destruida", comentó Raúl Cadena, director del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

 

Según el cabildo metropolitano, 150 piedras con más de cien años de historia fueron destruida por los manifestantes, quienes las usaron para agredir. "Es costoso para nosotros reponerlas y colocarlas en el sitio adecuado", comentó Cadena. 

 

Otro de los lugares afectados es el Teatro Nacional Sucre, una de las edificaciones más antiguas de Quito y Sudamérica. Aún no se ha cuantificado cuantas rejillas de alcantarillado se llevaron también del lugar.

 

El presidente Moreno encara las primeras consecuencias del acuerdo de marzo con el FMI, que además implica el promover reformas tributarias y laborales que disgustan a una parte de la población.

 

Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares.  

 

La deuda externa pública de Ecuador subió en 47% en el actual gobierno (a 39.491 millones de dólares, 36,2% del PIB).

 

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