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El mandatario Lenín Moreno, en una imagen de archivo. Foto; Flickr Presidencia
El mandatario tendrá 30 días para sancionar o vetar la ley.
Después de 7 años de considerada a la comunicación como un servicio público, la Asamblea, con 126 votos a favor, modificó el artículo 5 de la Ley Orgánica para declararla como un derecho.
Como en pocas ocasiones hubo consenso en la votación, inclusive el correísmo, que impulsó la Ley de Comunicación en 2013, votó a favor de la reforma que fue presentada por el presidente Lenín Moreno, hace un año.
En el informe, presentado al Pleno por la Comisión de Derechos Colectivos, se señala que la comunicación como servicio público está bajo control del Estado y que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como todo derecho humano, no requiere de una delegación estatal.
Los disidentes del correísmo también admitieron su error cuando aprobaron la ley y calificaron a la comunicación como un servicio público.
En la reforma también se modificó un inciso del artículo 44 de la ley que tiene concordancia con la definición de comunicación social.
La reforma legal pasará al Ejecutivo, que tiene 30 días, para su sanción o veto.
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