Aprueban informe para debate final de reforma a Ley de Comunicación

El proyecto modifica el artículo 5 de la ley que establece a la comunicación como un servicio público y no un derecho. 

 

 

En el informe para segundo debate, los legisladores de la comisión de derechos colectivos argumentan que “los servicios públicos son de control exclusivo del estado y que la comunicación no se limita a la prestación del Estado y a su delegación, puesto que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no requiere de una delegación estatal”.   

 

La reforma a la Ley de Comunicación fue remitida por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea en enero de 2019, cuando entró en vigencia un paquete de reformas a la Ley de Comunicación, para cambiar la aprobada por el correísmo.

 

Sus representantes en la comisión votaron a favor de eliminar a la comunicación como un servicio público. ¿Por qué cambiaron de criterio? 

 

“Conforme lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional del 30 de abril de 2019 en la que se establece la comunicación como un derecho y para guardar concordancia con ese texto también se reforma el artículo 44.1 de la Ley de Comunicación, en el cual se cambia el concepto de sistema de comunicación como un conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas o comunitarias ejercen la distribución de contenidos comunicacionales de forma permanente y estable”, explica Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Revolución Ciudadana.

 

Para el analista Juan Carlos Solines, el correísmo al considerar a la comunicación como un servicio público pretendió controlar a los medios y periodistas. 

 

“Al considerarla un servicio público, automáticamente era un servicio privativo del Estado, que solamente por excepción puede ser delegado o autorizado al sector público. Por lo tanto, se lo convertía en su servicio altamente regulado que podía significar restricciones a las libertades de expresión y de opinión”, manifestó Solines.

 

En el proyecto de reforma también se analizaron las propuestas para regular el internet, redes sociales, medios digitales. Además, limitar el exceso de publicidad y propaganda del sector público, pero no hubo respaldo en la Comisión.