Más de 1.000 policías participan en fase final en parroquia Buenos Aires

Unos 1.056 uniformados de la Policía Nacional participan desde tempranas horas de este 3 de agosto de 2019, en una minga en el sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Según informa el ministerio de Gobierno, esta actividad es parte del operativo "Amanecer radiante", que se ejecuta para la recuperación del espacio, tomado por la minería ilegal en el país. "Este fin de semana, la fase final del exitoso operativo en Buenos Aires, Imbabura", manifestó la ministra María Paula Romo, en su cuenta de Twitter. El objetivo de esta acción es dejar la zona limpia y desalojada. Esta es la última de tres fases de intervención en la parroquia. Los gendarmes estarán internados en la zona durante todo el día. Buenos Aires, con 1.800 campesinos, se transformó con el arribo de inmigrantes desde finales de 2017 para dedicarse kilómetros más adentro a una actividad comparada con la del narcotráfico: la minería ilegal. Luego de varios hechos violentos, que dejaron algunas víctimas, el Gobierno del presidente Lenín Moreno declaró, el 1 de julio de 2019, en estado de Excepción la zona, durante 60 días. Lea: Van 4 cadáveres hallados en la parroquia Buenos Aires en Imbabura De acuerdo con el balance oficial, durante la primera etapa -que duró seis días-, 5.025 personas, de distintas nacionalidades, "salieron de manera voluntaria". En ese entonces, la Policía Nacional informó que había 33 detenidos. La fuerza pública intervino las zonas que "eran parte de esta economía criminal": San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico. Además, pudo recuperar el control de Mina Vieja, El Olival, Nueva Mina y El Potrero. Allí se decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos. En ese momento, Romo aclaró que el control a la minería ilegal no termina con la intervención en Buenos Aires, "sino que esta es una amenaza a la seguridad ciudadana, con la que el Estado tendrá que convivir y para la que las instituciones tendrán que prepararse".