Primera etapa terminó con 33 detenidos y el control territorial de la Policía Nacional.
La primera etapa de la intervención de las fuerzas de seguridad en la parroquia Buenos Aires, de Imbabura, ha terminado e inicia la segunda, según dieron a conocer la tarde del lunes 8 de julio de 2019 autoridades del Gobierno nacional.
El objetivo fundamental de la siguiente fase es desbaratar las organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal en esta zona del país.
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“Desde este momento, empezará la segunda etapa del operativo denominado Amanecer Radiante. El primer punto que se busca en esta nueva fase es generar un plan de búsqueda de inteligencia, para desarticular las organizaciones criminales que controlan y están detrás de la economía delictiva, anclada a la minería ilegal”, indica un boletín del Ministerio del Interior.
Añade que “se realizarán operativos para desarticular las estructuras de apoyo de esta operación, que forman parte del financiamiento”.
De acuerdo con el balance oficial, durante la primera etapa, 5.025 personas, de distintas nacionalidades, “salieron de manera voluntaria”. La Policía Nacional informó que hay 33 detenidos.
La fuerza pública intervino las zonas que “eran parte de esta economía criminal”: San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico. Además, pudo recuperar el control de Mina Vieja, El Olival, Nueva Mina y El Potrero.
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El general Patricio Carrillo, director general de Operaciones de la Policía Nacional y quien estuvo a cargo de la acción de control, destacó “la obtención del efectivo control territorial de la Policía Nacional; eliminación del escenario de alto riesgo por la cantidad de personas asentadas en los sectores mineros; bloqueo del transporte multimodal en la zona; intervención de minas”.
Se decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.
La ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró que el control a la minería ilegal no termina con la intervención en Buenos Aires “que durará los 60 días que comprende la declaratoria de excepción, sino que esta es una amenaza a la seguridad ciudadana, con la que el Estado tendrá que convivir y para la que las instituciones tendrán que prepararse”.
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La funcionaria dijo que son 16 provincias las que tienen potencial minero, “por lo que el resguardo estatal tiene que migrar a todas estas zonas”.
La primera etapa del operativo concluyó tras 6 días. Este lunes 8 de julio, la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi) convocó a una reunión para evaluar la primera fase. La cita se desarrolló en las instalaciones del ECU-911 en Ibarra.
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