El pedido para la audiencia de vinculación lo hizo la fiscal Salazar a la jueza Camacho.
Actualizado a la 13h00
La audiencia de vinculación de 22 nuevos implicados en al caso 'Sobornos 2012-2016' se desarrolla desde este miércoles 7 de agosto de 2019. En esta diligencia la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formulará cargos y pedirá medidas cautelares para Rafael Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Christian Viteri, Walter Solís y otros 16 ciudadanos.
Un bus llegó a la Corte Nacional de Justicia, cerca de las 8h30, con el expediente fiscal del caso que se acerca a 500 cuerpos. Estos fueron trasladado al octavo piso de la entidad.
El pedido para que se fije la audiencia de vinculación lo hizo la fiscal Salazar a la jueza que lleva la causa, Daniella Camacho, de la CNJ.
Entre los elementos presentados por la fiscal en contra de Rafael Correa consta una papeleta de depósito por USD 6.000 a la cuenta personal del expresidente, Banco de Pacífico #07429967. El mensajero de Pamela Martínez y Laura Terán confirmó que le dieron el dinero y lo depositó.
Por su parte, el abogado de Correa reconoció que ese depósito es real, pero aseguró que fue un préstamo de amigos.
#Sobornos El abogado de Rafael Correa asegura que el dinero depositado en la cuenta personal del expresidente es de origen lícito, préstamo de amigos. @ecuavisa pic.twitter.com/HXvTTMcfRn
— Jacqueline Rodas (@JacquelineRodas) August 7, 2019
Posteriormente, Correa respondió a través de Twitter. El exmandatario dijo: "tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales)".
En esta causa, conocida anteriormente como caso Arroz Verde, únicamente eran investigados el secretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera; la exministra, María Duarte; la asesora personal de Rafael Correa, Pamela Martínez; y la exasistente de Presidencia, Laura Terán.
También, trece empresarios han sido llamados a este proceso. Todos relacionados con empresas beneficiadas con contratos millonarios del Estado y que habrían entregado aportes, en efectivo y por cruce de facturas, al movimiento Alianza PAIS (AP), en la época de la Revolución Ciudadana.
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