Defensa de Yunda recusa a uno de los jueces que lleva su proceso

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una demanda de recusación en contra de uno de los tres magistrados que conforman el tribunal que lo juzgará por el presunto delito de peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19.

Este jueves 21 de octubre, en el Complejo Judicial Norte de la capital, se tenía planificado reinstalar la audiencia de juicio, sin embargo, alrededor de las 09:10, el tribunal conoció de la acción legal interpuesta por la defensa de Yunda en contra del juez Fabián Fabara.

Según los abogados del exalcalde, Fabara "no ha demostrado imparcialidad" durante este proceso.

"El juez bajo el instrumento procesal de aclarar cosas que están en duda ha generado examen y contraexamen a los testigos. Ha introducido información que los testigos no dan en contra de nuestro defendido, por eso es la razón de ser de la demanda de recusación. Deberían sortear otro juez y conocer nuevamente desde cero", sostuvo Marcelo Icaza, uno de los juristas que defiende a Yunda.

Esta demanda provocó que la audiencia de juzgamiento se suspenda sin precisar la fecha y hora en la que se convocará nuevamente a las partes procesales. Antes, los otros dos jueces del tribunal, Wilson Lema y Patlova Guerra, deberán resolver la recusación.

Además de Yunda, la exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán; el gerente de Salumed S. A., Juan Alejandro Vinelli; Lenín Mantilla y otras ocho personas son acusadas por la Fiscalía de haber cometido peculado.

Esta última institución asegura que la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató con la empresa Salumed S.A. la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por polimerasa, a un costo de 4,2 millones de dólares.

En lugar de las PCR Polimerasa, el Municipio habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato, "es decir no habrían cumplido con las especificaciones técinicas solicitadas y aun así fueron aceptadas por la Secretaría de Salud", sostiene la Fiscalía.