4.500 personas difirieron sus créditos educativos por el impacto económico de la pandemia

Santiago Mejía se graduó de piloto comercial con un crédito del Estado a través del extinto IECE, su deuda asciende a 60 mil dólares. Asegura que su ilusión de brindarle un mejor futuro a su familia hoy se ve truncada. Pues a causa de la pandemia perdió su empleo y no puede pagar las cuotas de su préstamo.

 

"Todo se acabó por la pandemia, la empresa tuvo que cerrar porque no había operaciones. Yo pagaba alrededor de 1.500 dólares mensuales del crédito", explica Mejía.

 

Lo que más le preocupa es que la casa  de sus padres sea embargada, pues ellos son sus garantes.

 

Alex Cudco también tiene un crédito educativo de más de 20 mil dólares y varias cuotas vencidas porque tampoco tiene empleo. "Conseguir trabajo está súper difícil, antes estaba difícil, ahora está más difícil", afirma Cudco.

 

Según el representante del colectivo de afectados por los créditos educativos, Carlos Jaramillo, las dificultades de pagos de estos préstamos se  agudizaron con la llegada de la pandemia.

 

"Necesitamos que exista compromiso del Senescyt para que puedan darle facilidades a los chicos para cancelar. No creo que sea negocio para el Estado embargar bienes, congelar cuentas, o ponerles impedimiento laboral si lo que más bien necesitan es eso para poder cancelar su crédito", indica Jaramillo.

 

Solo durante los meses de emergencia sanitaria  4.500 personas se vieron obligadas a diferir sus cuotas por dificultades económicas.

 

Rafaela Hurtado, subsecretaria de fortalecimiento humano de la Senecyt, explica que al momento existe una cartera vencida de 3 mil operaciones crediticias que representan más de 1 millón de dólares. Por lo que ya  han  pensado  alternativas que beneficien a quienes no han podido cumplir con sus créditos.

 

"Las personas han llegado a este punto en donde no han podido cumplir con sus obligaciones financieras pueden suscribir convenios de facilidad de pago con el Senescyt", informa Hurtado.

 

En el país al menos 20 mil personas han accedido a créditos educativos con el Estado desde 2007.