La licencia ambiental para la mina Curipamba sigue vigente tras una resolución judicial

Un juez rechazó una acción de amparo contra la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Curipamba-El Domo. "Esto significa que se mantiene vigente la licencia ambiental para el proyecto, ya que, como señaló el juez en su sentencia, el proceso de consulta ambiental garantizó una amplia participación ciudadana", manifestó la minera Curimining.

La decisión se tomó tras dos días de audiencia, en la Unidad Judicial del cantón Las Naves, en Cotopaxi. La resolución judicial validó el proceso de consultas ambientales realizado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en la población de la zona de influencia directa del proyecto minero.

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La acción de protección había sido presentada por las comunidades de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén, con el acompañamiento jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), por la supuesta vulneración del derecho a la consulta ambiental y el derecho a la participación de comunidades campesinas del cantón Las Naves.

La Cedhu, que apeló la resolución judicial, se posiciona en contra del proyecto minero al señalar que en la zona de El Domo se encuentran fuentes de agua que abastecen a Las Naves para consumo humano, riego y ganadería.

El proyecto prevé extraer cobre, oro, zinc y plata. Una vez en explotación sería la tercera mina a gran escala de Ecuador, junto a la aurífera Fruta del Norte y la cuprífera Mirador.

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En enero pasado, el Gobierno otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto minero Curipamba-El Domo, tras un proceso de consultas en el que se registró enfrentamientos entre manifestantes antimineros y la Policía.

La empresa minera Curimining, de capitales canadienses, aseguró entonces en un comunicado que la consulta "contó con el respaldo de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, con un 98 % de votos a favor de la emisión de la licencia ambiental".

La compañía recordó que el proceso de consulta se desarrolló por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica entre julio y diciembre de 2023.

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Asimismo, detalló que el trámite se cumplió con el reglamento del Código Orgánico Ambiental modificado por el Decreto 754 y "de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional", que anuló ese decreto al considerarlo inconstitucional por vulnerar derechos colectivos de pueblos indígenas.

Los lineamientos aplicados, según la empresa, incorporaban los principios de Escazú y otros estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo.

En la Corte Constitucional está pendiente de resolver un recurso que ha paralizado de momento el inicio de la construcción de la mina, previsto para julio, con una inversión aproximada de USD 400 millones, en un lapso de 18 a 24 meses y la creación de unas 500 plazas de trabajo.