Asamblea Nacional revisa pago de indemnizaciones a jueces destituidos en 2004

Por: Andreína Laines

Ecuavisa.com

 

 

La Asamblea Nacional inició el proceso para una demanda de repetición contra al menos 50 exlegisladores. El objetivo es que ellos cubran las indemnizaciones de cerca de USD 15 millones  que el Estado debe pagar y está pagando a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y vocales del Tribunal Constitucional destituidos por el Congreso que estaba en funciones en el 2004.

 

La Comisión de Justicia de la Asamblea deberá determinar quiénes son los legisladores que votaron a favor de la destitución de los entonces jueces y vocales para que estos asuman el pago de las indeminizaciones que está cancelando el Estado por esa decisión. Esto según lo solicitado por la Procuraduría General del Estado y dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa.

 

Mauro Andino, presidente de esa comisión y asambleísta por Alianza PAÍS, dijo que los funcionarios son responsables por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. “Luego la presidenta (de la Asamblea) presente la demanda contra quienes aparezcan como responsables que podrían ser los diputados que aprobaron esas resoluciones igual tiene que hacer el procurador general del Estado en contra del expresidente Lucio Gutiérrez”, dijo Andino. 

 

En el 2013, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2013, dispuso que el  Estado debe pagar USD 12,3 millones a los exjueces de la Corte. De esa cifra, el Gobierno canceló USD 8,8 millones; y a los vocales del antiguo Tribunal se les entregó los USD 2,2 millones que exigía la sentencia.

 

La destitución de los miembros de estos dos organismos se dio entre noviembre y diciembre del 2004 durante el gobierno de Gutiérrez. Aquella decisión se tomó en el marco de sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por el mismo mandatario y que desembocaron luego en la designación de la llamada Pichi Corte.

 

El asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres fue parte de período legislativo, sin embargo, no votó a favor en ninguno de los casos. Él afirma que fue advertido de las consecuencias. “El monto establecido por CIDH bordea los USD 15 millones sin contar todavía los intereses, ello significaría que cada legislador, po cabeza, debería pagar entre USD 300 000 y 400 000”, dijo. 

 

Al menos unos 50 diputados, en cada uno de los casos, estarían obligados a pagar esta deuda. Entre ellos estarían legisladores que representaron -en ese periodo- a Sociedad Patriótica, Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Prian, Movimiento Popular Demócratico (MPD).

 

La comisión deberá entregar un informe con los nombres de los legisladores que votaron a favor de la destitución hasta el 24 septiembre, con ello el Pleno de la Asamblea deberá aprobar una resolución. Este documento será la base una demanda judicial que Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea y la PGE presentarán contra ellos para que las  indemnizaciones.