Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo

El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este 3 de abril de 2016 por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.

 

"El gobierno de Panamá cooperará vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial", dijo el Ejecutivo panameño en un comunicado.

 

Así reaccionó el país después de que el domingo diversos periódicos del mundo publicaran la investigación "Papeles de Panamá", tras una filtración de documentos del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.

 

 

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La investigación afecta a decenas de personalidades del mundo entero, que van desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, o el entorno cercano al mandatario de Rusia, Vladimir Putin; al jefe de la UEFA Michel Platini, pasando por el astro argentino Lionel Messi o el director de cine español, ganador de un Óscar, Pedro Almodóvar, entre otros muchos.

 

La administración panameña del presidente Juan Carlos Varela "reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros" y "lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia", dice la nota.

 

"Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas", dijo en diálogo telefónico con la AFP Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca.

 

"Hay una guerra entre los países abiertos como Panamá, que estamos creciendo al 6%, y países impositivos que quieren imponer más y más impuestos", añadió.

 

OCDE duda de cooperación panameña

Desde enero de 2016 entraron en vigencia en Panamá nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. 

 

"Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros", dice el gobierno panameño.

 

Además, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.

 

El escándalo estalla en momentos en los que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran sus diferencias en torno al intercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capitales.

 

 

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El gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE, que acusa al país centroamericano de no estar comprometido con el intercambio automático de información financiera.

 

El objetivo de Panamá es proteger su sistema bancario, cuyos activos alcanzaron el año pasado 118.478 millones de dólares, una cifra histórica para este sector que aporta más de 7% al Producto Interior Bruto (PIB) del país. 

 

Ese crecimiento se reflejó principalmente en el segmento hipotecario residencial, los préstamos de consumo personal y las tarjetas de crédito.

 

El Centro Bancario de Panamá es uno de los pilares de la economía del país y está compuesto de un centenar de bancos que dan empleo a más de 25.000 personas.

 

La preocupación de la nación centroamericana es que las exigencias de la OCDE afecten su competitividad como centro financiero.

 

Panamá "no es un paraíso fiscal"

Por el contrario, el 18 de febrero, el presidente Varela anunció que Panamá había salido de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 32 países y dos organismos regionales.

 

El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

Con un canal interoceánico por el que pasa 5% del comercio marítimo mundial (y cuyo aporte al PIB es del 2,2%), además de zonas francas, puertos, turismo y un sistema logístico y bancario robusto, Panamá alcanzó un crecimiento económico de 5,8% en 2015, uno de los mayores de la región.

 

Sin embargo, es considerado por algunos gobiernos como un paraíso fiscal, lo que es desmentido por las autoridades locales.

 

"Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.